Milei promulgó la Ley de Modernización Laboral y ya empieza a regir a partir de hoy

 
El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral, registrada bajo el número 27.802, que entró en vigencia de forma inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial mediante el Decreto 137/2026. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, y llega una semana después de su aprobación en el Congreso. El texto final, compuesto por 25 capítulos, fue depurado durante los últimos días y dejó afuera los artículos referidos a modificaciones en el régimen de licencias médicas.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el rediseño del sistema de indemnizaciones por despido. La nueva legislación excluye del cálculo conceptos como aguinaldo, vacaciones, propinas y premios, y establece que el monto no podrá superar el triple del salario promedio mensual fijado por cada convenio colectivo de actividad. Al mismo tiempo, fija un piso mínimo equivalente al 67% de la remuneración habitual. Las grandes empresas podrán pagar las indemnizaciones derivadas de sentencias judiciales en hasta seis cuotas mensuales, mientras que las pymes tendrán un plazo de hasta doce. Para respaldar esos pagos, se crearán los Fondos de Asistencia Laboral, financiados con aportes patronales obligatorios y supervisados por la Comisión Nacional de Valores.

En materia salarial y de jornada, la ley introduce la figura del "salario dinámico", que permite vincular la remuneración al rendimiento o mérito individual a través de los convenios colectivos, y obliga a que todos los pagos se realicen exclusivamente por vía bancaria. Respecto al horario de trabajo, se habilita la extensión de la jornada diaria hasta las 12 horas, siempre que medie acuerdo voluntario y se respete un descanso mínimo equivalente entre turnos. Las vacaciones, por su parte, mantienen su período obligatorio entre octubre y abril, aunque ahora pueden fraccionarse en bloques de al menos siete días corridos si ambas partes lo consienten.

El capítulo sindical también sufre transformaciones profundas. La cuota solidaria queda limitada a un tope del 2% del salario mensual, y los acuerdos de empresa o regionales tendrán prioridad por sobre los convenios por rama de actividad. Además, se debilita la ultraactividad, es decir, la vigencia automática de cláusulas convencionales una vez vencido el convenio. En cuanto al derecho de huelga, los servicios considerados esenciales deberán garantizar al menos el 75% de su dotación de personal activa, y los catalogados como de importancia trascendental —transporte, medios de comunicación, industria alimenticia, entre otros— un mínimo del 50%. Las asambleas de trabajadores que puedan afectar la operación de una empresa requerirán autorización previa del empleador.

Por último, la norma incluye incentivos para la formalización del empleo y las inversiones. Se establece un programa de blanqueo laboral que permite condonar hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones, junto con un régimen que reduce las contribuciones patronales al 8% anual para quienes contraten personal no registrado, ex monotributistas o antiguos empleados públicos. Para las medianas inversiones —de entre 150.000 y 9 millones de dólares en bienes muebles nuevos u obras productivas—, se prevé amortización acelerada en Ganancias y devolución anticipada de IVA durante un plazo de dos años. Como cierre, la reforma apunta a reducir la litigiosidad laboral al otorgar fuerza de sentencia firme a los acuerdos homologados judicialmente y al disponer el traspaso progresivo de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la ciudad de Buenos Aires.