A días del debate en el Congreso, Nación acelera las últimas negociaciones con los Gobernadores

El Ejecutivo cuenta con apenas una semana más de negociaciones informales antes de que comience el período de sesiones extraordinarias convocado por el Presidente. El objetivo es llegar a ese escenario con los apoyos necesarios para aprobar una reforma laboral que se encuentra demorada desde fines del año pasado, pese a que ya logró adhesiones parciales en distintos bloques. La iniciativa fue elaborada a partir de los lineamientos del Consejo de Mayo y estaba prevista para diciembre, pero el contexto político y la presión sindical llevaron a postergar su tratamiento.

En ese entonces, la central obrera había anunciado una medida de fuerza para el día en que se iba a debatir el proyecto. Frente a ese escenario, el oficialismo optó por suspender la votación y reordenar prioridades legislativas, concentrándose primero en el Presupuesto 2026 y en la ley de Inocencia Fiscal. Aun así, el proyecto de reforma laboral avanzó en comisión y obtuvo dictamen, lo que permitirá acelerar los tiempos cuando vuelva al recinto.

De cara a febrero, la estrategia del Gobierno es convocar a una sesión en la Cámara alta durante la segunda semana del mes. Para eso, durante el receso legislativo se conformó una comisión técnica que recibió a representantes políticos, empresariales y sociales. Ese espacio funcionó como una instancia de escucha, con una fuerte demanda de audiencias y planteos de modificaciones sobre distintos artículos del texto.

En paralelo, el ministro del Interior retomó una agenda federal con reuniones con gobernadores, lo que permitió sumar respaldos públicos, aunque también dejó expuestas diferencias. Algunas provincias manifestaron reparos concretos, especialmente por el artículo que propone reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias para sociedades. El planteo es que, al tratarse de un tributo coparticipable, una baja de ese tipo impactaría directamente en los ingresos provinciales. Por eso, los mandatarios reclaman cambios en la redacción o algún mecanismo de compensación.

Además del capítulo impositivo, existen resistencias a otros puntos del proyecto, como los plazos más rápidos para la devolución del IVA y ciertos beneficios tributarios pensados para incentivar la formalización del empleo. Desde la mirada de algunas jurisdicciones y sectores, estas medidas podrían generar desequilibrios fiscales si no están acompañadas por un esquema claro de financiamiento.

En este contexto, este lunes volverá a reunirse en la Casa Rosada la mesa política del oficialismo para analizar el escenario y definir la estrategia legislativa de las próximas semanas. Del encuentro participarán las principales figuras del armado político y parlamentario del Gobierno. La agenda incluye también actividades en el interior del país, en clave política y con la mirada puesta más allá del corto plazo.

Mientras tanto, desde el sindicalismo comenzaron a intensificarse las advertencias. Dirigentes de distintos gremios anticiparon que no esperarán a que el proyecto llegue al recinto para evaluar medidas de fuerza. La CGT ya expresó su rechazo a varios aspectos de la reforma, como el nuevo esquema de indemnizaciones, los cambios en la retención de aportes y las modificaciones en los convenios colectivos.

Con este panorama, el inicio formal de la actividad parlamentaria marcará el comienzo de negociaciones más intensas, tanto dentro del Congreso como fuera de él. El oficialismo apuesta a mostrar flexibilidad en algunos puntos, sin resignar el objetivo central de avanzar con una reforma que considera clave para modificar el funcionamiento del mercado laboral en los próximos años.