Reforma laboral: al Gobierno le faltan pocos votos tras la gira de Santilli por las provincias

La estrategia del Gobierno para avanzar con la reforma laboral entró en una fase decisiva tras la gira del ministro del Interior, Diego Santilli, por seis provincias durante enero. El recorrido dejó como saldo el respaldo explícito de cuatro gobernadores y un escenario sin rechazos cerrados por parte de los aliados habituales ni de los sectores dialoguistas. En la Casa Rosada interpretan ese clima como una señal favorable para encarar la votación en el Congreso, aunque reconocen que todavía quedan negociaciones abiertas.

Uno de los encuentros más relevantes fue en Entre Ríos, donde el gobernador Rogelio Frigerio expresó su apoyo al proyecto de modernización laboral y remarcó la posibilidad de ampliar derechos para trabajadores que hoy están fuera del sistema formal. Distinto fue el paso por Neuquén, donde el gobernador Rolando Figueroa dejó un acompañamiento condicionado, atado al impacto concreto que la ley pueda tener en su provincia y al reclamo por una deuda previsional que Nación mantiene con el distrito. Ese esquema se repitió, con matices, en otras reuniones: predisposición al diálogo, pero con pedidos puntuales sobre el texto.

En casi todas las provincias apareció un punto de fricción común: los artículos que reducen alícuotas impositivas, en especial en Ganancias, y que afectarían los recursos coparticipables. Según los cálculos oficiales, la medida tendría un costo fiscal equivalente al 0,65% del PBI, con mayor peso sobre Nación que sobre las provincias. El Ejecutivo sostiene que esa merma se compensará con mayor actividad económica y con la formalización de unos 400 mil trabajadores, argumento que algunos gobernadores miran con cautela.

Dentro del propio oficialismo conviven posturas diferentes. Un sector impulsa concesiones para asegurar apoyos provinciales, mientras otro prefiere sostener el proyecto tal como fue dictaminado. Esa tensión interna también se refleja en el trabajo parlamentario, donde cada voto cuenta y los tiempos son ajustados.

En el Senado, el Gobierno parte de una base cercana a los 34 votos afirmativos, sumando los propios, aliados del PRO y el respaldo del radicalismo, que ya acompañó iniciativas clave como el Presupuesto 2026. Con ese número, el objetivo inmediato es alcanzar el quórum de 37 senadores, algo que podría lograrse con el apoyo de representantes provinciales de Chubut, Salta, Neuquén, Santa Cruz o Misiones. Además, el oficialismo mantiene conversaciones con peronistas no alineados, lo que permitiría superar holgadamente ese umbral.

El panorama en Diputados es más exigente. Allí, el bloque libertario cuenta con 95 votos, a los que se suman el PRO y el MID, llegando a poco más de un centenar. Para abrir el recinto se necesitan 129 voluntades, por lo que el Gobierno apunta a sumar respaldos de bloques provinciales, radicales y peronistas disidentes de distritos como Tucumán y Catamarca. Según estimaciones oficiales, el número está cerca, aunque todavía sujeto a acuerdos finos.

En paralelo, varias provincias siguen con atención otros proyectos vinculados, como la eventual modificación de la Ley de Glaciares, que impacta de lleno en distritos mineros. Ese paquete de intereses cruzados explica por qué la reforma laboral se discute voto a voto y por qué la gira política de Santilli fue apenas el primer paso de una negociación que continuará hasta el día de la sesión. El resultado final dependerá de cuánto esté dispuesto el Gobierno a ceder y de cómo cada provincia evalúe el equilibrio entre costos fiscales y expectativas de crecimiento.