Opereta berreta de fin de año: ¿por qué son falsas las acusaciones contra Capi Rodríguez?

A días del cierre del año, comenzó a circular información incompleta y sesgada sobre la situación judicial de Alfredo "Capi" Rodríguez, presidente del partido La Libertad Avanza Chaco. Presentadas como si fueran una novedad explosiva, las acusaciones omiten datos centrales del expediente y silencian pruebas determinantes que desarman el corazón mismo de la imputación.

Para empezar, el auto de procesamiento no es reciente. Fue dictado el 13 de noviembre pero recién se difundió públicamente 45 días después, en un timing por lo menos llamativo: justo cuando se producía la supuesta reincorporación de la vicepresidenta partidaria Ileana Aguirre. Es una lectura que alimenta la idea de opereta burda.

Lo más relevante —y deliberadamente omitido en varias publicaciones— es la pericia caligráfica. Desde la indagatoria, la defensa de Rodríguez sostuvo una hipótesis clara: las firmas cuestionadas no eran suyas. En consecuencia, solicitó la prueba pericial, a la que la jueza hizo lugar. La pericia se realizó con intervención de una perito oficial de Gendarmería Nacional y un perito de parte.

El dato clave es éste: el procesamiento se dictó cuando la pericia todavía estaba pendiente, a pocos días de conocerse su resultado. Y cuando ese resultado finalmente llegó, el 3 de diciembre, fue contundente: ninguna de las 69 firmas analizadas en las supuestas afiliaciones irregulares pertenece a Alfredo "Capi" Rodríguez. Así lo concluye el informe pericial, la prueba técnica principal del caso.

El auto de procesamiento contra Rodríguez fue apelado el 16 de noviembre y la audiencia ante la Cámara Nacional Electoral quedó fijada para el 3 de febrero de 2026. Con la pericia ya incorporada al expediente, el escenario es distinto: la prueba fundamental descarta la autoría atribuida a Rodríguez. A raíz de esto, la expectativa razonable es que la Cámara revoque el procesamiento.

Más irregularidades en el expediente

Por otra parte, el expediente, además, exhibe inconsistencias jurídicas graves. En el auto de mérito se le atribuye a Rodríguez un delito por el cual no fue indagado: el uso de documento falso. También se aplica el agravante del artículo 298 del Código Penal, bajo la supuesta condición de funcionario público, algo nunca imputado en la indagatoria.

Aún más endeble resulta la afirmación de que Rodríguez habría cometido abuso de autoridad utilizando información de ANSES. La resolución sostiene —erróneamente— que era funcionario público al momento de los hechos. La prueba documental acredita lo contrario: Rodríguez fue designado jefe regional de ANSES el 30 de abril de 2024, notificado el 2 de mayo de 2024, mientras que las afiliaciones cuestionadas son anteriores a esa fecha. El presupuesto fáctico de la imputación, simplemente, no existe.

En síntesis, la pericia caligráfica descarta que Rodríguez haya firmado una sola de las fichas. La difusión tardía y selectiva del procesamiento, y la omisión de la prueba principal refuerzan la idea de una opereta berreta, más preocupada por el daño mediático que por la verdad judicial.

La última palabra la tendrá la Cámara Nacional Electoral. Pero con la evidencia sobre la mesa, una cosa ya es clara: las acusaciones, tal como se difundieron, son falsas. Y el intento de instalar lo contrario dice más de quienes lo impulsan que del dirigente al que buscan ensuciar.