Procesaron a prefectos por el operativo a Alfredo "Capi" Rodríguez

La Justicia Federal de Resistencia procesó este lunes 15 de diciembre a cuatro efectivos de la Prefectura Naval Argentina que intervinieron en el operativo realizado contra Alfredo "Capi" Rodríguez, dirigente de La Libertad Avanza y actual director regional de ANSES. La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N.º 1, que los consideró presuntamente responsables de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en concurso real con desobediencia judicial.

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Según la resolución, el subprefecto N. E. G. fue procesado en calidad de autor, mientras que los prefectos A. J. M., M. F. M. y D. D. M. quedaron imputados como partícipes necesarios. El fallo estableció que el procesamiento se dicta sin prisión preventiva, aunque se ordenó un embargo de tres millones de pesos para cada uno de los acusados, a fin de garantizar eventuales costas del proceso.

La causa se originó a partir del procedimiento realizado el 29 de agosto pasado en Resistencia, cuando la Justicia había ordenado el secuestro inmediato del teléfono celular de Rodríguez, en el marco de una investigación por presuntas afiliaciones irregulares dentro de La Libertad Avanza Chaco. Sin embargo, el operativo quedó bajo cuestionamiento por no haberse cumplido la orden judicial en los términos dispuestos.

Las irregularidades salieron a la luz tras la difusión de un informe especial de N9, cuyas imágenes permitieron reconstruir que Rodríguez se movió sin custodia, ingresó a su departamento y permaneció allí varios minutos antes de entregar un teléfono a los agentes. El material periodístico fue clave para que la Fiscalía Federal y el Juzgado tomaran conocimiento detallado de lo ocurrido durante la diligencia.

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En su resolución, la jueza consideró que los efectivos permitieron que el investigado mantuviera el control de la situación, incumpliendo una orden concreta, expresa y de cumplimiento inmediato. Para el tribunal, esa conducta habría afectado la correcta ejecución del procedimiento y puesto en riesgo la cadena de custodia de una prueba considerada central para la investigación.

La causa avanza ahora con los prefectos formalmente procesados, mientras la investigación principal continúa enfocada en determinar si existió una maniobra de afiliaciones irregulares, presuntamente realizadas mediante el uso indebido de bases de datos de organismos públicos. El fallo marca un punto de inflexión en un expediente sensible, que adquirió fuerte impacto institucional tras la exposición pública del accionar de la fuerza federal.