La Justicia inicia las indagatorias por presuntas coimas en la ANDIS

Las indagatorias por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comenzaron este martes en Comodoro Py, después de tres meses de investigación bajo secreto de sumario. El caso apunta a esclarecer si dentro del organismo funcionó un sistema de sobornos y direccionamiento de contratos que, según la causa, habría generado sobreprecios por más de $43.000 millones entre julio de 2024 y agosto de 2025. "Se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido", advirtió el Ministerio Público al justificar la convocatoria a declarar.

El primero en presentarse ante el juez Sebastián Casanello fue el empresario Miguel Ángel Calvete, señalado por su presunta intervención en el circuito ilegal. El magistrado también citó para este miércoles al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, considerado por la causa como la pieza central del entramado de contrataciones irregulares. Además fueron convocados otros exfuncionarios de la agencia y empresarios vinculados al sector farmacéutico y a prestadoras médicas. En total, la agenda contempla 15 declaraciones previstas hasta el 5 de diciembre.

Mientras avanzan las citaciones, uno de los imputados quedó detenido. Se trata del urólogo y exfuncionario Pablo Atachabahian, quien se negó a declarar y terminó con prisión domiciliaria. Su nombre aparece repetidamente en los elementos analizados por los investigadores. "Su rol es mencionado en chats, anotaciones y vínculos con proveedores clave", explicaron fuentes judiciales. En esa misma línea, también quedaron bajo la lupa otros integrantes de la estructura interna de ANDIS, como Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno.

La investigación detectó además movimientos irregulares vinculados a operadores externos y empresas del sector farmacéutico. La causa menciona a Luciana Ferrari, empleada del laboratorio Roche, quien habría intervenido de manera informal a pedido de Atachabahian. También aparecieron conexiones con las droguerías New Farma y Floresta, cuyos responsables, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, deberán presentarse ante Casanello. "Formaron parte de un entramado funcionalmente articulado", sostuvo la fiscalía al detallar las maniobras investigadas.

Otro de los acusados es Patricio Gustavo Rama, exdirector suplente de New Farma, quien mantenía "vínculos personales y comerciales" con Calvete y Atachabahian, según el expediente. La causa también involucró a personas que habrían participado en el traslado del dinero, entre ellas Guadalupe Ariana Muñoz, novia de Calvete, y Sergio Daniel Mastropietro y Alan Pocoví, vinculados a empresas de aviación privada. El Ministerio Público afirmó que se detectaron "operaciones de remisión de efectivo, transferencias bancarias y emisión de cheques" destinadas a movilizar y blanquear fondos.

El fiscal Franco Picardi trabaja para determinar si existió corrupción en un área clave destinada a personas con discapacidad. Para los investigadores, las maniobras se camuflaban mediante el uso del sistema informático SIIPFIS, que daba una apariencia de transparencia en las contrataciones. "El examen de las evidencias obtenidas me permite concluir" la existencia de ese circuito ilegal, sostuvo el Ministerio Público en el llamado a indagatoria. Con el inicio de las declaraciones, la causa ingresa ahora en una etapa determinante para definir el futuro procesal de los acusados y esclarecer cómo se habrían direccionado los fondos públicos destinados a prestaciones esenciales.