El Gobierno presentó en el Congreso el proyecto de reforma laboral con incentivos al empleo y beneficios fiscales

El Gobierno nacional envió al Congreso un extenso proyecto de reforma laboral bajo el nombre "Ley de Promoción de Inversiones y Empleo", con el objetivo de actualizar el marco normativo del trabajo, dinamizar la economía y reducir los costos de contratación. La propuesta, impulsada por la diputada Romina Diez con apoyo de legisladores de distintos bloques, abarca desde modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo hasta incentivos fiscales y nuevas reglas para la relación entre empleadores y empleados.

Entre los cambios más destacados figura la ampliación de las facultades del empleador para modificar tareas o condiciones laborales, siempre que no se alteren aspectos esenciales del contrato. También redefine los beneficios sociales, incorporando prestaciones como cobertura médica, guardería, conectividad y capacitación, que no se considerarán remunerativas. Se habilita además la emisión electrónica de recibos de sueldo y la posibilidad de fragmentar las vacaciones en períodos mínimos de una semana, con la obligación de garantizar descanso en verano al menos cada dos años.

El proyecto mantiene los plazos actuales de licencia por enfermedad o accidente, pero incorpora mecanismos de control médico a través de la Secretaría de Trabajo y un registro oficial de profesionales. Asimismo, las micro, pequeñas y medianas empresas podrán abonar indemnizaciones o sentencias laborales en hasta doce cuotas. Se establece además un límite a los intereses en créditos laborales y a los honorarios en juicios, con un tope del 20 % del monto total.

El texto incluye un régimen de incentivos al empleo que otorga bonos de crédito fiscal a las empresas que contraten trabajadores durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley. Los beneficios serán del 100 % de las contribuciones patronales para microempresas, 75 % para pequeñas, 50 % para medianas y 25 % para grandes, aplicables por un año. También se prevé un sistema especial para quienes incorporen empleados del sector público y un tope salarial de un millón de pesos sobre el que se calcularán las deducciones.

Por último, la iniciativa incorpora un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que permitirá amortización acelerada, devolución anticipada de IVA y beneficios fiscales a quienes realicen inversiones superiores a determinados montos según el tamaño de la empresa. Además, deroga normas antiguas sobre prenda y unifica la regulación del crédito con garantía, en busca de simplificar trámites y agilizar el acceso al financiamiento productivo. El proyecto será debatido en las próximas semanas en comisiones del Congreso.