El Gobierno rectifica una resolución de la ANDIS tras una orden judicial sobre pensiones no contributivas

El 21 de octubre de 2025, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) rectificó un error administrativo cometido en una resolución anterior que afectaba a las pensiones no contributivas por invalidez laboral, las cuales habían sido suspendidas. El error se relacionaba con la falta de publicación en el Registro Oficial, lo que invalidaba parcialmente la medida. La corrección se realizó a través de la publicación de la Resolución 13.653/2025 en el Boletín Oficial, garantizando que el acto administrativo quedara correctamente formalizado y, por ende, legalmente válido.

La resolución rectificó el artículo 6 de la Resolución 12.621/2025, que había sido emitida el 24 de septiembre de 2025, en la cual se suspendía la suspensión de pensiones a un grupo de personas con discapacidad en cumplimiento de una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca. El fallo había ordenado la restitución de los beneficios, y la omisión administrativa en la publicación había complicado su validez. Con la nueva resolución, el Gobierno buscó corregir este error formal, cumpliendo con los requisitos de transparencia y comunicación oficial que establece la normativa vigente.

Cabe destacar que la corrección no afecta el fondo de la cuestión. Las pensiones suspendidas siguen siendo restituidas a los beneficiarios, pero la nueva norma se centró en subsanar el error técnico que impedía su correcta publicación en el Registro Nacional, un paso crucial para la validez administrativa del acto. La disposición fue firmada por el interventor de la ANDIS, Alejandro Alberto Vilches, y su publicación fue dispuesta de manera inmediata.

El origen de la controversia se remonta a un fallo del juez federal Guillermo Díaz Martínez, quien exigió al organismo restablecer las pensiones suspendidas tras aceptar la cautelar presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM). En su resolución, el magistrado destacó que los beneficios afectados son derechos tanto colectivos como individuales, y que su suspensión había sido fruto de una norma inconstitucional y de una ejecución irregular por parte de la administración. Con la rectificación de la resolución, la ANDIS espera cumplir plenamente con las exigencias legales y garantizar la transparencia en el proceso.