El Gobierno apeló en Nueva York para frenar la entrega de chats de Caputo y Massa

El extenso litigio internacional por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo esta semana. El Gobierno argentino presentó en Nueva York una tercera apelación, esta vez contra la orden que obliga a entregar los teléfonos y mensajes de los últimos dos ministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa.

El escrito fue ingresado en el juzgado de primera instancia que encabeza la jueza Loretta Preska, para notificar la intención de llevar el planteo al tribunal de segunda instancia. Allí ya se analizan otros dos recursos de la Argentina: uno para frenar la entrega de acciones de la petrolera y otro que busca revertir la condena de 16.000 millones de dólares dictada en septiembre de 2023.

La controversia gira en torno al proceso de *discovery*, una instancia que permite a los demandantes —en este caso Burford Capital— acceder a documentación y comunicaciones con el fin de probar la figura del "alter ego". Con este mecanismo intentan demostrar que compañías estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación operan como extensiones directas del Estado argentino, lo que abriría la puerta a embargos sobre esas firmas para cobrar la millonaria sentencia.

La magistrada Preska ya había ordenado a fines de julio que el país entregue la información contenida en los celulares de exfuncionarios, bajo criterios de búsqueda limitados a palabras clave como YPF, Banco Nación o Aerolíneas. Según aclaró en su resolución, el alcance no incluiría aspectos de la vida personal de los involucrados.

El Gobierno argentino intentó frenar esa medida con dos presentaciones previas, en las que advirtió que la entrega de esa información violaba normas locales y extranjeras, además de afectar la soberanía nacional. Preska, sin embargo, rechazó esos argumentos y ratificó la obligación de cumplir antes de fin de septiembre.

La estrategia de la defensa ahora se concentra en que la Corte de Apelaciones suspenda y revoque la disposición, mientras en paralelo sigue adelante el proceso para evitar que se ejecuten acciones de YPF como parte de pago. De esta manera, el caso continúa abierto en varios frentes judiciales, con un desenlace todavía incierto para el país.