Juicio por YPF: Preska cerró el caso y ahora la Corte Suprema de EE.UU. tiene la palabra

 La jueza federal Loretta Preska puso fin a su intervención en el juicio por la estatización de YPF. Su resolución deja sin efecto la sentencia que ella misma había dictado en 2023 a favor de los demandantes y cierra el expediente en primera instancia en Nueva York. La causa, sin embargo, sigue abierta: ahora será la Corte Suprema de Estados Unidos la que decida si toma el caso, tras el recurso que presentó Burford Capital para que se revise el fallo.

Con esta orden, la magistrada acató lo resuelto el 27 de marzo por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que revocó la condena contra la Argentina por más de USD 16.100 millones. Aquel fallo llevó la firma de los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes. El tribunal concluyó que Preska había interpretado de manera errónea el derecho argentino.

En la Procuración del Tesoro esperaban este paso. Fuentes del organismo lo describieron como "la finalización de la instancia, algo meramente procesal, porque el fallo ya se revirtió en la Cámara de Apelaciones", y admitieron cierta demora en la llegada del documento. También aclararon que el expediente no queda cerrado mientras el máximo tribunal estadounidense no se expida.

El litigio comenzó con la expropiación de la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Los fondos Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, vinculados a la familia Eskenazi, y Eton Park demandaron al país. Sostuvieron que la estatización violó el estatuto de YPF porque no respetó los derechos de los accionistas minoritarios. Burford Capital financia el reclamo y adquirió los derechos de los exaccionistas. En 2023, Preska condenó a la Argentina a pagar más de USD 16.100 millones, una cifra que con intereses superó los USD 18.000 millones y que se convirtió en la mayor condena judicial contra un país en la historia de los tribunales estadounidenses.

El fallo de la Cámara dio vuelta ese escenario con dos argumentos. Por un lado, determinó que la ley argentina de expropiación prohíbe las demandas de terceros que interfieran con el proceso. Por otro, estableció que el estatuto de una sociedad no funciona como un contrato bilateral entre accionistas que habilite reclamos por daños. En junio, el plenario del Segundo Circuito rechazó el pedido de revisión de Burford. Así, la única vía disponible en Estados Unidos pasó a ser la Corte Suprema.

El fondo presentó el recurso de certiorari a fines de septiembre. En esa petición calificó la decisión de la Cámara como "gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes". Los demandantes sostienen que el tribunal de alzada se apartó de los precedentes de la Corte al dar prioridad a una interpretación del derecho argentino y a decisiones de tribunales locales.

La presentación no obliga al máximo tribunal a tratar el expediente: son los jueces quienes deciden si aceptan o rechazan la revisión. Según explicaron fuentes oficiales, la Corte recibe entre 7.000 y 8.000 pedidos por período de sesiones y suele aceptar alrededor de 80. Tampoco hay un plazo fijo para resolver, y la complejidad del litigio impide estimar cuándo podría conocerse una definición. No sería la primera vez que el caso llega a esa instancia: en junio de 2019, la Corte Suprema rechazó tomar el pedido que había presentado entonces la Argentina.

Desde la Procuración del Tesoro señalaron que anticipaban este escenario desde el fallo de marzo y que ya trabajan en la estrategia de defensa. "Vamos a seguir ejerciendo la defensa de los intereses del Estado", indicaron. En paralelo, Burford abrió otro frente: inició acciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.