Los fondos insisten en cobrar los US$16.000 millones pese a la suspensión del discovery

La justicia federal del Segundo Circuito de Estados Unidos resolvió suspender el proceso de discovery en el juicio por la expropiación de YPF, la instancia en la que los demandantes buscaban identificar activos argentinos para ejecutar parte de la condena de US$16.000 millones. La medida fue celebrada por el Gobierno nacional, que la presentó como un logro significativo, pero los fondos Petersen y Eton Park —financiados por Burford Capital— salieron rápidamente a aclarar que la decisión no afecta el reclamo principal ni sus chances de cobrar la sentencia.

Desde el lado de los demandantes, su representante Armando Betancor precisó que la suspensión se circunscribe exclusivamente a la fase de presentación de pruebas posterior al fallo —lo que incluye la búsqueda de reservas del Banco Central, aviones de Aerolíneas Argentinas y otros activos—, y que no tiene ningún efecto sobre la apelación de fondo. También quedaron en pausa los pedidos de desacato y sanciones contra el Estado argentino, así como la exigencia de entrega de chats a funcionarios y exdirectivos del Ejecutivo. Lo que sí continúa activo es la apelación sobre la transferencia de acciones de YPF, que tendrá una audiencia de argumentos a mediados de abril.

El analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, graficó la complejidad del expediente: la causa acumula cinco apelaciones paralelas, un pedido de desacato, uno de sanciones y ejecuciones de sentencia en siete países. La suspensión del discovery había sido impulsada por la Procuración del Tesoro, que argumentó que la Argentina ya había aportado más de 115.000 páginas de documentación y unas 37 horas de testimonio de altos funcionarios, y que los requerimientos de los fondos eran desproporcionados e intrusivos.

Los demandantes, en cambio, recordaron en sus presentaciones que el Estado habría podido evitar el discovery durante la apelación si hubiera depositado las garantías fijadas en su momento por la jueza de primera instancia, algo que el Gobierno decidió no hacer. Por eso, mientras avanzaba la apelación principal, los fondos tenían habilitado el camino para avanzar con la etapa previa a los embargos, camino que ahora quedó frenado hasta que se resuelva la discusión de fondo.