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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
ESCÁNDALO ANDIS

El Gobierno retiró la medida cautelar que impedía difundir los audios incriminatorios

La Secretaría General de la Presidencia desistió de la medida para refutar acusaciones de censura previa.

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El Gobierno decidió este martes retirar la medida cautelar que impedía la difusión de audios vinculados al escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El escrito judicial presentado por la Secretaría General de la Presidencia argumenta que la decisión busca desactivar las críticas que acusaban a la administración nacional de censura previa y de intentar bloquear investigaciones periodísticas sobre una presunta red de corrupción en el organismo.

Karina Milei, secretaria general y hermana del Presidente, señaló ante el juez Alejandro Patricio Maraniello que la medida no se había planteado como una restricción a la prensa, sino como un intento de frenar la circulación de pruebas "obtenidas ilegalmente" y presuntamente editadas con fines políticos. La funcionaria remarcó que se trata de audios "manipulados" y que su difusión formaría parte de una "operación en contra de mi persona y de mi familia".

La funcionaria recordó que existe una causa penal a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli para determinar el origen de esas grabaciones. En su presentación, aseguró que la forma en la que fueron editadas demuestra que no constituyen un ejercicio del derecho a la libertad de expresión, sino una maniobra destinada a "dañar políticamente y personalmente" a quienes forman parte del entorno presidencial.

Al justificar el retiro de la cautelar, Karina Milei afirmó que cree en la libertad de prensa, pero advirtió que no debe confundirse con "el derecho a desinformar o a presionar políticamente". Sostuvo que en democracia pueden convivir opiniones diferentes, siempre que se basen en hechos reales y no en operaciones con "real malicia". El levantamiento de la medida mantiene abierta la investigación judicial sobre los audios, mientras continúa el debate público en torno a la transparencia del Gobierno y los límites de la libertad de expresión.

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