La oposición se prepara para rechazar el veto a la Ley de Discapacidad

El Senado de la Nación debate este jueves la continuidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial con 172 votos afirmativos. La oposición asegura tener los números para ratificar la normativa y dejar sin efecto la decisión del Ejecutivo, lo que podría significar la primera derrota de este tipo para un Gobierno en más de dos décadas.

El presidente Javier Milei ya había anticipado que, en caso de perder en el Congreso, optará por un camino judicial. "Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero", declaró en una entrevista con El Observador el mes pasado. Según el mandatario, las iniciativas impulsadas "violan la restricción financiera" que exige compensar cualquier aumento de gastos con una fuente concreta de financiamiento.

En la Casa Rosada reconocen que el escenario legislativo es adverso y trabajan en la "letra chica" de los planteos que presentarán en tribunales. El principal argumento será el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que obliga a especificar el origen de los recursos para financiar cualquier gasto no previsto en el presupuesto. "Estamos analizando ampliar la argumentación, aunque el artículo 38 sería el motivo principal", confió a Infobae un funcionario cercano al proceso.

La Ley de Emergencia en Discapacidad establece medidas hasta 2027 para garantizar educación, salud, rehabilitación, protección social y empleo a las personas con discapacidad. Incluye la actualización mensual de aranceles para prestadores, la compatibilización de pensiones con empleo formal y la redefinición del concepto de discapacidad de acuerdo con la Convención internacional. También prevé beneficios tributarios, regularización de deudas y la obligación de informar anualmente al Congreso sobre la ejecución presupuestaria.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la norma oscila entre el 0,22% y el 0,42% del Producto Bruto Interno. El oficialismo considera que ese costo comprometería la meta de déficit cero antes de las elecciones. "No les dan los tiempos para causar daño, no tienen tiempo para causar daño", había sostenido Milei en otra declaración pública sobre el tema.

Mientras tanto, desde diciembre pasado no se actualiza el nomenclador de prestaciones para prestadores del sistema. Esa demora generó un fuerte reclamo del sector, al que se sumaron organizaciones de personas con discapacidad y familiares. En este contexto, el oficialismo apuesta a que la vía judicial le permita evitar la aplicación de la ley, mientras la oposición se alista para darle sanción definitiva en el recinto del Senado.