El Gobierno cede en el recorte a discapacidad y negocia un texto consensuado con sus aliados

El Gobierno nacional confirmó que dará marcha atrás con el fuerte ajuste al área de discapacidad que había incluido en el proyecto de Presupuesto 2027 y que trabaja en un texto consensuado con los bloques aliados para reemplazar el capítulo que generó tensión dentro de la coalición oficialista. Fuentes oficiales aseguraron que están "muy cerca" de un acuerdo con el PRO, la UCR y bloques provinciales.

El problema se desató cuando el proyecto de Presupuesto 2027 ingresó a la Cámara de Diputados y los bloques opositores, que durante las últimas semanas habían impulsado la prórroga de la Emergencia en Discapacidad —vigente hasta fin de año— revisaron el texto en busca de novedades sobre el tema. Para frenar esa ofensiva, el oficialismo había anunciado que trabajaba junto al PRO, la UCR y bloques provinciales en un proyecto "superador" que permitiera terminar con la emergencia pero con una solución definitiva.

Sin embargo, el capítulo que finalmente llegó con el Presupuesto no tenía relación con esas conversaciones en marcha, y tomó por sorpresa tanto a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, como a Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA en el Senado. La falta de coordinación llamó la atención porque ambos integran la mesa política junto a otros funcionarios que participaron directamente de la confección del Presupuesto: el ministro Luis "Toto" Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vicejefe Ignacio Devitt; y el asesor Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.

Cerca de Menem mantuvieron un tono conciliador: "el Estado es muy grande y el Presupuesto lo tocan miles de personas", explicaron, y atribuyeron el desajuste a que el texto se venía trabajando desde hacía cuatro meses y "quedó viejo". Bullrich, en cambio, fue más dura, pidió que "no la tomen de tonta" y reclamó que temas sensibles se discutan con anticipación en la mesa política.

En concreto, el texto enviado al Congreso reemplazaba el enfoque de derechos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por un criterio de "invalidez laboral" para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. También eliminaba el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y trasladaba la definición de los requisitos del Congreso a la reglamentación del Poder Ejecutivo.

El proyecto establecía además la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal —cualquier alta tributaria o trabajo registrado, aun por pocas horas, extinguía el beneficio—, a diferencia del régimen vigente, que permite compatibilizarlo con un empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. En materia de prestaciones, desaparecía el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Con la polémica ya instalada, los libertarios retomaron las negociaciones con los bloques aliados y les garantizaron que los artículos originales sobre discapacidad serán eliminados. "Lo que acordemos en el dictamen de comisión es lo que va a ir a Presupuesto", sintetizaron desde el oficialismo. Tanto el PRO como la UCR confirmaron que el diálogo se reencauzó, aunque con algunas señales de desconfianza. "Estamos esperando el borrador final", resumieron desde el PRO, mientras que desde la UCR remarcaron que "falta una presentación clara de qué va a pasar con las compensaciones".

Ese reclamo remite al artículo 13 de la ley de Emergencia en Discapacidad, que fija una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 no cubierto por actualizaciones posteriores. El oficialismo sostiene que cumple con la norma, pero el PRO y la UCR vienen reclamando un cronograma de pagos para saldar la deuda.

Según trascendió, la nueva propuesta apuntará a elevar los requisitos para acceder a la pensión: ya no alcanzaría con tener el CUD, sino que se buscaría aplicar una lógica similar a la de otros subsidios sociales para que "cobre el que verdaderamente lo necesita". El nomenclador, en tanto, se actualizaría por IPC de forma bimestral —no mensual, como establece la ley de emergencia— y sería universal, y las pensiones podrían recibirse de manera complementaria a un empleo registrado.

En las próximas semanas el oficialismo buscará quedarse con el dictamen de mayoría en comisión para bloquear cualquier intento opositor de llevar el tema al recinto. Si lo logra, el texto consensuado se incorporará directamente al Presupuesto 2027.