La izquierda denunció a los Milei por el presunto esquema de coimas en la Agencia de Discapacidad

Gabriel Solano, legislador del Partido Obrero, presentó una denuncia penal contra Javier Milei, su hermana Karina, Eduardo "Lule" Menem, Diego Spagnuolo y Jonathan Kovalivker por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La presentación llegó luego de la difusión de audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo —exdirector del organismo y abogado personal del Presidente— describe un entramado de sobornos en las contrataciones públicas de medicamentos. Según esas grabaciones, laboratorios debían pagar retornos de hasta el 8% a través de la droguería Suizo Argentina, con una recaudación mensual que habría alcanzado entre 800 mil y un millón de dólares.

En los registros, Spagnuolo señala que parte de esos fondos se distribuían entre distintos actores del oficialismo: un 3% para Karina Milei y un porcentaje menor para la operatoria y para él mismo. Además, acusa a la secretaria general de la Presidencia de imponer funcionarios "para chorear" y menciona a Daniel María Garbellini como uno de los nexos entre la ANDIS y la droguería. El exfuncionario también relaciona a los hermanos Kovalivker, empresarios del sector farmacéutico vinculados a Gentech, la firma fundada por Martín Menem en los años 90.

El caso ya generó consecuencias políticas. Spagnuolo presentó su renuncia el miércoles, tras la publicación de los audios por parte del periodista Mauro Federico en el canal Carnaval Stream. La Justicia federal abrió una investigación que quedó a cargo del juez Sebastián Casanello, quien deberá ordenar peritajes para determinar la autenticidad de las grabaciones y revisar los contratos firmados por la ANDIS durante la gestión libertaria. En paralelo, el abogado Gregorio Dalbón impulsó otra denuncia contra los mismos acusados, lo que amplía la presión judicial sobre el Gobierno.

Mientras tanto, la crisis golpea al oficialismo. Dentro de la Casa Rosada circulan sospechas de que la filtración responde a una maniobra interna vinculada a disputas de poder, con el asesor presidencial Santiago Caputo señalado como posible impulsor del "fuego amigo". En el Congreso, la oposición reclamó explicaciones inmediatas y citaciones a los implicados durante el debate por la Ley de Emergencia en Discapacidad. Más allá de lo que resuelva la Justicia, la salida de un funcionario de confianza de Milei expone un flanco sensible en el área social y deja en evidencia tensiones políticas que trascienden el escándalo judicial.