"El mayor impacto lo van a sufrir los pueblos del interior": gremios alertan sobre el cierre de Vialidad

La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional expresó su alivio tras la reciente medida cautelar que suspende momentáneamente el cierre del organismo. La resolución judicial representa una bocanada de aire para los más de 5.200 trabajadores del sector, pero desde el gremio aclararon que la lucha está lejos de terminar. "Esta medida nos da un poco de tranquilidad, pero solamente nos impulsa a seguir trabajando", explicó José Raúl Rizzo, secretario general del sindicato, en diálogo con Radio Nordeste.

El fallo frena temporalmente la aplicación del Decreto 461 impulsado por el Gobierno nacional, que establecía el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad en el marco de la Ley Bases. "Lo que nosotros estamos pidiendo es la inconstitucionalidad del decreto. Consideramos que Vialidad no estaba dentro de los organismos que el Ejecutivo podía disolver por esta ley", afirmó Rizzo. Según detalló, la acción judicial busca anular de fondo el instrumento legal que habilita la desaparición del organismo encargado del mantenimiento de rutas nacionales.

Actualmente, Vialidad Nacional cuenta con 5.200 agentes distribuidos en todo el país. "Debe ser uno de los organismos más extendidos en el territorio. Estamos presentes en ciudades y pueblos del interior profundo, y el mayor problema de la desaparición de Vialidad lo van a sufrir precisamente esos pequeños pueblos", sostuvo el dirigente. Además, explicó que el organismo enfrenta serias dificultades para continuar operando, debido a la drástica caída del financiamiento estatal.

"Estamos trabajando con muy escasos recursos. En los primeros cinco meses del año se recaudaron 900 millones de dólares por el impuesto a los combustibles. A Vialidad le corresponde el 28%, unos 190 millones, pero solo nos asignaron 18. Es decir, menos del 10%. Así es imposible mantener las rutas", denunció. Rizzo también cuestionó las propuestas de algunos gobernadores que buscan distribuir esos fondos directamente a las provincias. "Eso pasaría a rentas generales, se diluiría, y se perdería el fin específico de invertir en rutas nacionales", advirtió.

El gremio también mostró preocupación por el nuevo esquema de concesiones que prevé el Poder Ejecutivo. "Con este plan, se van a más que duplicar las cabinas de peaje. Cada usuario va a tener que pasar por más del doble de puestos, y el costo por cabina también se duplica. En términos reales, vamos a pagar más de cuatro veces el valor de peaje actual", indicó. A esto sumó un análisis más profundo: "No es cierto que el peaje lo paga solo el que usa la ruta. Lo termina pagando cualquiera, como alguien de Santa Cruz que compra un kilo de yerba que viene de Misiones. Es un costo que asumimos todos".

Según Rizzo, el esquema concesionado tampoco garantiza un adecuado mantenimiento: "Solo se prevé cinco centímetros de carpeta asfáltica cada diez años. No hay obras de ampliación ni ensanchamiento. El país, según el presidente, va a crecer a tasas chinas, pero las rutas seguirán siendo las mismas por 30 años. Es un modelo que no cierra".

El gremio continúa con acciones en todo el país. "Estamos haciendo movilizaciones en cada provincia, avanzando con causas judiciales y gestionando con legisladores para que este decreto pueda ser derogado por la Comisión Bicameral. Agradecemos a los medios que nos permiten visibilizar el problema y que la sociedad entienda que esto nos afecta a todos", concluyó Rizzo. El futuro del organismo, por ahora, queda en suspenso. Pero la disputa por el rol del Estado en la obra pública y el mantenimiento de la infraestructura vial sigue en pleno desarrollo.