"El pozo seguía ahí": el país que naturalizó la muerte en la ruta

"Estoy vivo de milagro", dice un vecino de Coronel Du Graty, aún temblando frente a la cámara de su celular. Su camioneta quedó patas arriba al costado de la Ruta Nacional 89, después de que intentara esquivar un bache tan profundo como invisible. Las imágenes se viralizaron, las autoridades prometieron "revisar la situación" —como quien hojea un expediente— y a los pocos días, el pozo seguía ahí. Y muchos otros más.

Este no es un episodio aislado: es el reflejo brutal de una tragedia nacional que ocurre en cámara lenta. Y lo peor es que nos hemos acostumbrado a verla. En Argentina, el año pasado murieron 4.027 personas en accidentes de tránsito. Son 77 muertes por semana. Para decirlo con un poco de dramatismo —y sin caer en la exageración—, es como si cada siete días se estrellara un avión lleno de pasajeros. Y sin embargo, no hay cadena nacional, ni duelo, ni reformas.

Cuando cayó el avión de LAPA en 1999, el país entero se vio obligado a repensar su sistema aeronáutico. Hubo juicios, reformas, y nunca más tuvimos una catástrofe aérea de esa magnitud. Pero cuando se trata de rutas y tránsito, parece que no hay "cultura operativa" que rescatar. Como decía Enrique Piñeyro en Whisky Romeo Zulu, uno de los males crónicos es el desprecio por las normas. Lo que en aviación es inaceptable —ignorar un protocolo, no atender una alarma— en nuestras calles y rutas parece ser moneda corriente.

Y así seguimos, en un país donde la muerte violenta ya no tiene como principal causa el delito, sino el tránsito. Superamos los homicidios con comodidad: 1.734 homicidios contra más del doble de víctimas fatales en rutas y calles. Es otro tipo de inseguridad, una que no genera titulares rimbombantes ni discursos en el Congreso. Pero que mata. Y mucho.

No es solo una cuestión de caminos rotos. Es también, claro, una cuestión de hábitos rotos. De un desapego estructural a las normas de tránsito por parte de los conductores, sumado a una desidia crónica por parte de las autoridades encargadas de mantener las rutas.

En el país de las motos sin casco, los colectivos sin luces y los autos que doblan en rojo, aplicar un sistema por puntos como el europeo parecería una fantasía nórdica. De hecho, ya se intentó durante el gobierno de Macri, pero la reacción de los gremios del volante fue tan feroz que quedó sepultada antes de nacer. Si hoy se implementara en Resistencia, es probable que la mitad del parque automotor se quede sin licencia en dos meses. ¿Y quién se hace cargo en una ciudad donde el transporte público, dicho amablemente, no atraviesa su mejor momento?

La comparación con España es dolorosa pero necesaria. Hace dos décadas, registraba cifras de siniestralidad comparables a las argentinas. Hoy, tras invertir en infraestructura, aplicar normas estrictas y profesionalizar el control, ha bajado sus muertes viales a menos de 300 al año. ¿Cuál fue la diferencia? Básicamente, que ellos hicieron lo que nosotros seguimos prometiendo: invertir y hacer cumplir la ley.

En Argentina, en cambio, el panorama no es alentador. Según señaló a N9 Gustavo Mourazos, abogado y especialista en Seguridad Vial, las perspectivas son negativas para los próximos años incluso si la decisión del gobierno nacional se revirtiera de la noche a la mañana y se destinen grandes fondos a la reparación, mejoramiento y ampliación de rutas, con lo cual se espera que la triste cifra de muertos en ruta siga creciendo.

La realidad, sin embargo, se encuentra muy lejos de ese escenario; la inversión vial se desploma. Según la consultora Politikon, en el primer semestre de 2025 la inversión nacional en Chaco cayó más de un 90% respecto de años anteriores. Programas enteros directamente dejaron de ejecutarse. Las únicas partidas activas fueron para pagar combustible, viáticos y fotocopias. De cemento, ni hablar. En ese contexto, cualquier mención a una "Nueva Red Federal de Concesiones" suena más a marketing que a solución.

Y en medio de esa crisis, el gobierno nacional decidió dar un paso más allá: cerrar Vialidad Nacional. El organismo que históricamente se encargó de planificar, construir y mantener rutas pasará a ser solo un recuerdo. El cierre fue anunciado como parte de una cruzada contra la corrupción, pero en los hechos significa la desaparición del único actor estatal capaz de articular políticas viales federales. Ni la Agencia Nacional de Seguridad Vial ni la CNRT se salvaron. Todas fueron disueltas bajo el argumento de que "la Gendarmería puede hacer controles" y que "la obra pública es un negocio de la casta".

En palabras simples: un país con una de las tasas de muertes muertes por tránsito más altas en América Latina se quedó sin autoridad nacional dedicada a prevenirlas.

El Gobierno promete reemplazar todo eso con inversión privada, pero en las rutas argentinas no abundan los empresarios dispuestos a pagar por tapar baches sin retorno asegurado. El experimento ya empezó a mostrar sus límites: rutas como la 16 están envueltas en conflictos judiciales por peajes imposibles de cobrar. Y mientras se litiga, nadie repara.

Sería injusto de todas maneras echar toda la carga sobre la actual gestión, con menos de 2 años en el poder. El desastre vial argentino es un trabajo colectivo, una obra coral a la que contribuyeron distintas gestiones con entusiasmo y perseverancia. Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por causas que, entre otras cosas, investigan desvíos multimillonarios en Vialidad. Y aunque la motosierra de Milei no inventó el problema, sí parece dispuesto a llevarlo a su punto de ebullición con un freno drástico a la inversión estatal y ahora, con la desaparición institucional de quienes sabían cómo resolverlo.

La Justicia frenó momentáneamente el cierre, dando una tregua de seis meses. Pero el daño estructural ya está hecho: sin conducción técnica, sin insumos, sin planificación, sin continuidad, los trabajadores de Vialidad hoy resisten en asambleas, pero sin saber si mañana seguirán reparando banquinas o engrosando listas del desempleo.

Mientras tanto, las víctimas se siguen acumulando. En Capdevila, en Resistencia, en Santa Fe, en todo el país. Los familiares de esos muertos —a quienes, como dijeron en una audiencia pública, ya "se les terminó la vida tal como la conocían"— no piden milagros. Piden que corten el pasto en la banquina, que tapen los pozos más profundos, que al menos alguien los escuche antes de que las licitaciones "a dos años" lleguen demasiado tarde.

Porque si algo queda claro es que las rutas no matan solas. Las rutas matan cuando el Estado se borra, cuando la ley se omite, cuando el bache se tapa con una promesa y la muerte con un tuit de condolencias.

Y aunque este país tiene memoria corta, hay algo que no deberíamos olvidar: nadie está a salvo de un pozo en el camino. Nadie.