El Gobierno puso en marcha la privatización de Belgrano Cargas: dividirán la empresa en tres partes
La empresa estatal ferroviaria será desmantelada en tres segmentos: material rodante, corredores y talleres. El Estado dejará de operar el transporte de carga y la privatización deberá completarse en un año.

El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., mediante la Resolución 1049/2025 del Ministerio de Economía. El plan establece que la empresa será dividida en tres unidades de negocio —material rodante, corredores ferroviarios e infraestructura con talleres—, que serán vendidos o concesionados a través de remates y licitaciones públicas. El procedimiento estará a cargo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, en conjunto con la Secretaría de Transporte, y deberá completarse en un plazo máximo de doce meses.
En una primera etapa se prevé el remate del material rodante, mientras que los corredores ferroviarios y los inmuebles —incluidos terrenos y talleres— serán concesionados. El producido por la venta se depositará en una cuenta fiduciaria del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, administrada por el Banco Nación, con el objetivo de financiar futuras obras ferroviarias en los tramos privatizados.
El proceso incluye un relevamiento de obras en curso y activos técnicos, con la posibilidad de rescindir contratos considerados no prioritarios. También se contempla el inventario de herramientas y maquinarias en los talleres de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, los cuales serán cedidos bajo concesión de uso. Las plataformas oficiales SUBAST.AR y CONTRAT.AR serán utilizadas para los distintos procedimientos de adjudicación.
Una vez finalizadas las etapas de venta y concesión, la empresa Belgrano Cargas será disuelta y liquidada. El Estado dejará así de ser operador ferroviario del sistema de transporte de cargas, aunque conservará la propiedad de los terrenos y vías, los cuales revertirán a manos estatales una vez concluidas las concesiones. La medida se enmarca en la Ley 27.742, que habilita al Ejecutivo a avanzar con privatizaciones de empresas públicas.
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