Cristina Kirchner denunció el vallado en su domicilio y criticó a Bullrich: "Sólo busca generar caos"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó de "nefasta" a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que se montara un operativo policial y se vallara el frente de su domicilio en San José 1111. La medida coincidió con la convocatoria a un banderazo kirchnerista en el lugar, y provocó la reacción inmediata de la ex mandataria, quien solicitó públicamente trasladar la concentración a Parque Lezama. "Durante la madrugada y sin orden judicial, Patricia Bullrich montó un operativo con el único objetivo de provocar conflictos que nunca sucedieron", denunció a través de su cuenta de X.

La crítica de Fernández de Kirchner se amplió también al régimen de visitas que le fue impuesto en el marco de su prisión domiciliaria. En una publicación detalló que sólo pueden ingresar a su hogar familiares directos, abogados y médicos, y calificó la medida como "un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles". Sus abogados presentaron un recurso de reposición ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 y anticiparon que, si es rechazado, acudirán a la Corte Suprema y organismos internacionales.

Otro punto de tensión surgió con la polémica por el uso del balcón de su departamento, desde donde la ex presidenta solía saludar a la militancia. Sus abogados solicitaron al tribunal que aclare si tiene permitido utilizarlo y en qué circunstancias. Desde el Poder Judicial señalaron que "nadie le dijo que no salga al balcón", pero evitaron detallar qué tipo de actividades estarían permitidas, aduciendo que no pueden establecer listas de usos específicos.

Por último, el operativo de seguridad también fue cuestionado por la presencia constante de militantes con banderas, bombos y puestos de comida en la puerta del edificio, lo que podría interpretarse como una violación a la norma que impide "perturbar la tranquilidad del vecindario". A pesar de ello, fuentes judiciales remarcaron que la seguridad en la vía pública es competencia de la Policía de la Ciudad y que no hay impedimento legal para que la ex presidenta se exprese públicamente. "Es una ex presidenta con vigencia política y cercenar sus derechos podría traer consecuencias internacionales", advirtieron.