Luciani y Mola rechazan la prisión domiciliaria para Cristina Kirchner
Los fiscales consideran que no hay razones de salud ni de seguridad que justifiquen el pedido de la defensa. El Tribunal Oral Federal N.º 2 tiene ahora la última palabra.

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron esta mañana un dictamen en el que rechazan el pedido de prisión domiciliaria realizado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. La ex presidenta, condenada a seis años de prisión en el caso Vialidad, había solicitado cumplir su condena en su domicilio, argumentando su edad y cuestiones vinculadas a su seguridad personal. Sin embargo, los fiscales consideraron que los argumentos no alcanzan para otorgar ese beneficio.
Según el escrito de diez páginas entregado al Tribunal Oral Federal N.º 2, Cristina Kirchner no presentó razones médicas que impidan su alojamiento en una unidad carcelaria. En relación con su edad, destacaron que si bien tiene 72 años, la ley establece que se "podrá" conceder la prisión domiciliaria a mayores de 70, pero no obliga a hacerlo. "No existe en este caso ningún impedimento legal ni sanitario que haga inviable la detención en una institución del sistema penitenciario", sostiene el dictamen.
La Fiscalía también respondió a los planteos de seguridad esgrimidos por la defensa, especialmente a raíz del intento de magnicidio ocurrido en 2022. En ese sentido, destacaron que las condiciones de resguardo pueden garantizarse en los establecimientos que el Ministerio de Seguridad de la Nación ha propuesto como aptos para alojar a la ex mandataria. "El contexto de protección especial puede implementarse en el marco institucional correspondiente, sin recurrir a una modalidad excepcional de cumplimiento de la pena", indicaron.
El Tribunal ahora está en condiciones de emitir una resolución definitiva, y se espera que lo haga en las próximas horas. La decisión llega a solo dos días de que venza el plazo fijado para que la ex presidenta se presente ante los tribunales de Comodoro Py. La definición sobre el lugar donde deberá comenzar a cumplir su condena podría marcar un nuevo punto de tensión política y judicial.
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