Cristina Kirchner se presentará el miércoles en Comodoro Py y pidió la prisión domiciliaria
La exmandataria confirmó que cumplirá con el fallo judicial, aunque solicitó cumplir la condena en su domicilio de Monserrat por razones de seguridad

Cristina Fernández de Kirchner confirmó este viernes que se presentará ante los tribunales de Comodoro Py el próximo miércoles 18 de junio para cumplir con la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción en la causa Vialidad. A través de un comunicado en redes sociales, la ex presidenta aseguró: "No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales". Además, reforzó su solicitud para cumplir la pena bajo arresto domiciliario en su residencia del barrio porteño de Monserrat.
En el escrito, Cristina Kirchner señaló que el pedido de prisión domiciliaria no constituye un privilegio sino una medida necesaria para preservar su integridad física. Recordó que, como ex jefa de Estado, está obligada a contar con custodia permanente, y mencionó también el intento de magnicidio ocurrido en septiembre de 2022 como un hecho decisivo. "No puedo sustraerme voluntariamente de la custodia obligatoria que establece la normativa vigente", expresó.
La decisión sobre el lugar donde cumplirá la pena está en manos del Tribunal Oral Federal N°2. Su presidente, el juez Jorge Gorini, estará de licencia a partir del lunes, por lo que serán sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso quienes deberán resolver el planteo de la defensa. El abogado Carlos Beraldi pidió además que no se le coloque tobillera electrónica y que se mantenga el equipo de custodia habitual a cargo del comisario Diego Carbone.
El plazo de cinco días hábiles que tienen los condenados para presentarse voluntariamente vence el jueves 19 de junio. Además de Kirchner, también deben presentarse figuras como Lázaro Báez, José López y otros exfuncionarios. La ejecución de la pena fue habilitada esta semana por la Corte Suprema, que ratificó la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, estimada en más de 86 mil millones de pesos.
En medio del proceso, el juez Giménez Uriburu —uno de los magistrados que decidirá sobre la modalidad de detención— ha denunciado amenazas, hackeos y espionaje desde que se inició la causa. Entre las irregularidades figuran el robo de su declaración jurada, vigilancia con autos sin patentes legítimas y la suplantación de su línea telefónica. Pese a ello, el tribunal deberá resolver en los próximos días si otorga o no la prisión domiciliaria a la ex presidenta.
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