Cronología de la causa vialidad: de las primeras denuncias hasta la condena

2008 – La primera denuncia

Todo comenzó con una denuncia impulsada por la entonces diputada Elisa Carrió, quien denunció presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en la provincia de Santa Cruz. El foco estaba puesto en el empresario Lázaro Báez, estrechamente vinculado al kirchnerismo.

 
2016 – El expediente toma velocidad

Durante el gobierno de Mauricio Macri, la denuncia fue reactivada por Javier Iguacel, director de Vialidad Nacional, quien presentó nuevas pruebas tras una auditoría. A fines de ese año, el juez Julián Ercolini procesó a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, entre otros, por asociación ilícita y administración fraudulenta. Se trabaron embargos multimillonarios.

 
2017 – Confirmaciones clave

La Cámara Federal y la Casación Penal confirmaron los procesamientos. El expediente tomó volumen político y judicial, con respaldo en las máximas instancias penales antes del juicio oral. La figura de Cristina Kirchner ya era central, y su situación se perfilaba como inédita en la historia democrática reciente.

 
2018 – Camino al juicio

En marzo, el juez Ercolini dio por concluida la instrucción y elevó la causa a juicio. Se investigaban 51 obras viales otorgadas a las empresas de Báez, por un perjuicio estimado en más de mil millones de dólares. La causa entraba en etapa decisiva.

 
2019 – El juicio comienza

En mayo inició el juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N°2. Cristina Kirchner asistió como acusada en un proceso inédito para una expresidenta. En diciembre, se negó a responder preguntas y denunció un entramado de "lawfare", apuntando contra el Poder Judicial y los medios de comunicación.

 
2020 – La pandemia frena el proceso

El juicio se interrumpió por la crisis sanitaria entre marzo y agosto. Luego se retomó de forma virtual. Las tensiones institucionales aumentaban, mientras el Frente de Todos consolidaba el regreso del kirchnerismo al poder.

 
2022 – La etapa más intensa

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta, acusándola de ser jefa de una asociación ilícita. La defensa, encabezada por Carlos Beraldi, denunció arbitrariedades y falta de pruebas directas. Cristina acusó al tribunal de conformar un "pelotón de fusilamiento". El 6 de diciembre, el TOF 2 dictó la sentencia: seis años de prisión por administración fraudulenta. Se la absolvió del delito de asociación ilícita.

 
2023 – Apelaciones y fundamentos

En marzo se conocieron los fundamentos de la sentencia. La defensa apeló ante Casación, alegando que las decisiones sobre adjudicación de obra pública eran políticas y no justiciables. También se plantearon cuestionamientos a la imparcialidad de los jueces. El tribunal, sin embargo, rechazó las recusaciones.

 
2024 – La Casación confirma la condena

El 13 de noviembre, la Cámara de Casación Penal confirmó la condena a Cristina por administración fraudulenta, con un daño al Estado estimado en 85.000 millones de pesos. El juez Hornos votó en disidencia, considerando que debía añadirse el delito de asociación ilícita. La sentencia todavía no quedaba firme y la exmandataria mantenía sus derechos políticos.

 
2025 – La Corte Suprema cierra el caso

Tras múltiples recursos de queja, el 10 de junio la Corte Suprema dejó firme la condena. En un fallo unánime, rechazó los planteos de la defensa y ratificó la sentencia por administración fraudulenta. Además, desestimó la apelación del Ministerio Público sobre la asociación ilícita. Cristina Kirchner quedó inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos.

En paralelo, la expresidenta había anunciado su candidatura en la Tercera Sección Electoral para las legislativas de octubre. Con el fallo, esa postulación queda sin efecto. Sin embargo, hasta que se ejecuten medidas concretas, permanece en libertad.

 La causa Vialidad cierra formalmente en los tribunales, pero sus efectos políticos siguen abiertos. Cristina Kirchner queda al margen del proceso electoral y, por primera vez desde el retorno de la democracia, una expresidenta es condenada con sentencia firme e inhabilitación perpetua.

El fallo marca un hito en la relación entre política y justicia. Mientras el gobierno de Javier Milei intenta capitalizar la condena con gestos de austeridad institucional, el Poder Judicial enfrenta ahora el desafío de consolidar su independencia ante una sociedad que observa con escepticismo.