En el día de ayer se aprobó el proyecto impulsado por el diputado Livio Gutiérrez que en principio proponía “prohibir” y ahora “limita” el uso de celulares por parte de internos en las unidades penitenciarias de la provincia. A pesar de que la ley salió adelante con votos del justicialismo, la aprobación de la norma suscitó controversias de parte de algunos miembros del oficialismo, que cuestionaron el texto final aprobado ayer por la Cámara de Diputados del Chaco.
Con 23 votos a favor, 3 abstenciones y 3 votos de “permanencia en cartera”, los diputados de la provincia sacaron adelante ayer la ley que, a último minuto según comentó en diálogo con Radio Nordeste la diputada oficialista Claudia Panzardi, pasó de “prohibir” el uso de celulares, a “limitarlos”.
“Con tal de aprobar el proyecto se hizo un arreglo, un acuerdo entre algunos diputados, y se cambió el carácter de prohibición por la palabra ‘limítese’”, manifestó Panzardi, que además agregó: “Esta ley es una ley de técnica legislativa absolutamente defectuosa, es una ley que no aporta absolutamente nada a la prohibición del uso de celulares por parte de las personas que están bajo arresto, porque la limitación del uso de celulares ya está prevista por los distintos protocolos”.
Para la diputada, el servicio penitenciario provincial ya cuenta con protocolos en donde se establece la limitación del uso de celulares dentro de las cárceles: “Que se haya flexibilizado en tiempo de pandemia no significa de ninguna manera que no esté limitado el uso de celulares por parte de los internos”.
“Yo comparto el contenido y el espíritu de lo que fue el proyecto de la ley, pero disiento absolutamente de la forma en la que se aplicaron, sobre tablas, a último momento y a las corridas, la palabra ‘prohíbase’ por la palabra ‘limítese’”, manifestó Panzardi.
La diputada comenta que el grupo de parlamentarios que se opusieron a la medida, especialmente quienes votaron por la “permanencia en cartera” de la ley, solicitaban una semana más de tratamiento para llevar a cabo un estudio más profundo del proyecto y la incorporación de informes de instituciones como el Servicio Penitenciario, la Procuración General o el Ministerio de Seguridad. Panzardi especificó al respecto que: “si hubieran tenido esos informes, no hubieran modificado de esa manera la ley, porque esos organismos le habían informado acerca de los protocolos que ya limitan el uso de los celulares por parte de los detenidos. Esta ley es pura demagogia. Estoy muy decepcionada de estos arreglos que se hacen entre los bloques”.
Quienes defienden el proyecto sostienen, por su parte, que los actuales protocolos que regulan el uso de celulares dentro de las cárceles están sostenidos por resoluciones y no tienen fuerza de ley. Cabe recordar que el empleo de celulares por parte de internos comenzó a extenderse a raíz de las limitaciones que impuso la pandemia a las visitas en los centros penitenciarios.
El año pasado la ministra Gloria Zalazar impulsó una resolución que habilitaba el uso de celulares para “garantizar derechos como el acceso a la información, la comunicación, la educación, la salud y la reinserción social” de los presos.
Tras el levantamiento de las medidas sanitarias a causa de la caída en los contagios por el covid, desde la cartera de Seguridad de la provincia se pretendía “consolidar como un derecho”, a partir de este año, la utilización de celulares en las cárceles, teniendo en cuenta las recomendaciones elaboradas por el Comité de Prevención contra la Tortura, que se menifestó recientemente muy en contra del proyecto aprobado ayer.
De todas maneras, los numerosos casos de estafas y delitos cometidos desde las unidades penitenciarias, facilitadas por el uso de teléfonos celulares, en la Provincia del Chaco, da cuenta de la poca efectividad de los reglamentos vigentes a la hora de controlar el mal uso de esta herramienta de comunicación. Restará verificar si esta nueva ley contribuye a evitar estos abusos o, como sostiene la diputada Panzardi, “no termina aportando nada”.
