Malvinas: venció el ultimátum y Cancillería prevé ir al Tribunal del Mar esta semana

El plazo de dos semanas que el Gobierno nacional le dio al Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, venció este lunes sin cambios en la posición británica. La Cancillería, que conduce Pablo Quirno, trabaja para formalizar durante esta semana una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Todavía no hay una fecha confirmada.

El pedido apunta a obtener medidas provisionales que impidan el avance del emprendimiento mientras se tramita el arbitraje internacional que la Argentina notificó a Londres a fines de septiembre. Según fuentes oficiales, la Cancillería conduce la estrategia diplomática y jurídica. La Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, trabajó durante las últimas semanas en los aspectos legales de la presentación.

En el desarrollo técnico interviene la Consejería Legal del ministerio, encabezada por el embajador Mario Oyarzábal. Oyarzábal ocupa ese cargo desde abril de 2025, ya lo había ejercido entre 2016 y 2020 y actuó como agente y abogado de la Argentina ante la Corte Internacional de Justicia y el propio Tribunal del Mar. Resta completar las instrucciones a los abogados que llevarán el caso y definir si se sumará asesoramiento jurídico externo o si la representación quedará solo en manos de letrados argentinos.

Londres rechazó el reclamo

La intimación fue comunicada el 28 de septiembre por la Oficina del Presidente. Ese día, Javier Milei escribió en X: "Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar". Quirno informó luego que la Argentina había notificado a Londres el inicio del arbitraje.

La respuesta británica llegó dos días después. El 30 de septiembre, el Reino Unido rechazó el arbitraje y sostuvo que las actividades en las islas se desarrollan bajo la legislación del archipiélago, según su interpretación del derecho internacional.

El Gobierno aclaró que no busca que el tribunal de Hamburgo resuelva la soberanía de las islas, porque esa cuestión está fuera de su jurisdicción. Pretende que examine las obligaciones internacionales sobre los recursos marítimos y decida si corresponde preservar la situación actual hasta que haya un fallo arbitral de fondo.

Dos instancias diferentes

La notificación del arbitraje y el pedido de medidas provisionales son trámites distintos. El Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) prevé un tribunal arbitral de cinco integrantes para resolver la controversia. Su conformación y el intercambio de escritos y audiencias pueden demorar años.

El camino arbitral se explica por la elección de foros que hizo cada país. Por el artículo 287 de la convención, la Argentina optó por el tribunal de Hamburgo y el Reino Unido por la Corte Internacional de Justicia. Cuando no hay coincidencia, la controversia va a arbitraje.

El artículo 290.5 permite acudir al Tribunal del Mar antes de que ese órgano arbitral esté constituido. Los jueces deben evaluar si el futuro tribunal tendría competencia preliminar y si hay urgencia suficiente. Pueden aceptar el pedido, rechazarlo o disponer medidas distintas de las solicitadas. Si las ordenan, son obligatorias para las partes.

El vencimiento del ultimátum no habilita por sí solo la intervención del tribunal. El plazo de dos semanas que fija la convención se cuenta desde la notificación de un pedido de medidas provisionales, cuando las partes no se ponen de acuerdo sobre qué tribunal debe examinarlo.

Los precedentes

Si la Argentina presenta el pedido en octubre, los antecedentes permiten pensar en una definición durante noviembre. Aun así, no hay una fecha prevista ni garantía de que las medidas sean concedidas.

El caso argentino más conocido es el de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 por un reclamo de acreedores. El pedido de medidas provisionales ingresó el 14 de noviembre y el 15 de diciembre los jueces ordenaron la liberación inmediata e incondicional del buque, antes de cualquier decisión de fondo.

Otro antecedente está ligado al petróleo. En 2015, una sala especial del tribunal intervino en la disputa marítima entre Ghana y Costa de Marfil. No paralizó las actividades existentes, pero prohibió nuevas perforaciones en el área en disputa. Aquel caso trataba sobre límites marítimos y no sobre la soberanía de un archipiélago.

Los argumentos argentinos

La presentación se apoyará en la disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas. La Resolución 2065, de 1965, instó a ambos países a negociar. La Resolución 31/49, de 1976, pidió que se abstuvieran de adoptar decisiones unilaterales que modificaran la situación.

La Cancillería buscará vincular esos antecedentes con el carácter no renovable del petróleo. Su argumento es que la extracción y las perforaciones podrían causar efectos imposibles de revertir con un fallo posterior. También invocará el artículo 83.3 de la CONVEMAR, que regula las obligaciones de los Estados mientras está pendiente la delimitación de una plataforma continental.

La principal dificultad está en la competencia del tribunal. La Argentina debe plantear un reclamo que pueda analizarse bajo la convención sin que los jueces tengan que decidir antes a quién pertenecen las islas. En 2015, un tribunal arbitral desestimó parte del planteo de Mauricio contra el Reino Unido por el archipiélago de Chagos porque implicaba resolver una disputa territorial.

El proyecto sigue en marcha

Sea Lion está ubicado unos 220 kilómetros al norte de las islas. Lo opera la israelí Navitas Petroleum, con el 65%. La británica Rockhopper Exploration, que descubrió el yacimiento en 2010, tiene el 35% restante. Ambas tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y apuntan a producir el primer petróleo en el primer trimestre de 2028. Las perforaciones están previstas para comienzos de 2027, con el buque Aoka Mizu asignado a la primera fase.

Las empresas siguen invirtiendo. Rockhopper acordó la semana pasada aportar USD 44 millones por su 35% de la sociedad que es dueña del buque de producción OSX-1, destinado al desarrollo acelerado del Área de Desarrollo Central de Sea Lion. El costo total de adquisición del buque ronda los USD 125 millones.

La ofensiva oficial también alcanzó a los contratistas. La Oficina del Presidente informó que Halliburton confirmó que sus filiales no prestarán servicios a Sea Lion. Navitas está reemplazando a dos contratistas en medio de las sanciones argentinas, aunque sostuvo que no espera un perjuicio material sobre el proyecto.

El próximo movimiento depende de la presentación formal. La Argentina deberá fundamentar por escrito la urgencia de su pedido. Si el trámite llega a Hamburgo, el tribunal evaluará si dispone medidas sobre Sea Lion. El arbitraje de fondo seguirá su curso por separado.