Diputados debatirá el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

La Cámara de Diputados convocó para el próximo miércoles 30 de septiembre a las 12 a un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para debatir el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado al Congreso por el Gobierno el pasado 17 de septiembre.

La iniciativa fue remitida después del anuncio realizado por el presidente Javier Milei en cadena nacional por la cuestión Malvinas y propone reemplazar la Ley 26.659 por un régimen más amplio, que abarque las actividades económicas vinculadas con el aprovechamiento de recursos naturales, renovables y no renovables, realizadas sin autorización argentina en las islas y en los espacios marítimos e insulares reclamados por el país.

Uno de los principales cambios está relacionado con el régimen de sanciones. El proyecto establece multas administrativas de entre el equivalente a 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la posibilidad de suspender o cancelar habilitaciones e imponer inhabilitaciones para operar por períodos de entre cinco y veinte años.

Las sanciones también tendrían consecuencias sobre las actividades económicas de los infractores en el territorio nacional. Según el texto, quienes sean inhabilitados no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán determinadas exenciones impositivas o previsionales, deberán rescindir contratos ejecutados total o parcialmente en la Argentina y quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y empresas o personas radicadas en el país.

El proyecto también modifica el régimen penal. Para tareas de prospección o exploración de hidrocarburos sin autorización en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur o la plataforma continental argentina se contemplan penas de entre 12 y 15 años de prisión. En los casos de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las penas previstas ascienden a entre 12 y 20 años, mientras que para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos podrían llegar a entre 15 y 20 años.

También se incorporan sanciones para quienes suministren bienes o servicios esenciales a empresas que desarrollen actividades consideradas ilegales. En esos casos, el proyecto establece penas de entre cinco y siete años de prisión. A su vez, contempla multas penales que, en los casos más graves, podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo.

Otra de las novedades es la incorporación de los juicios en ausencia para los delitos contemplados en el régimen. El proyecto también establece un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes abandonen las actividades prohibidas, con el objetivo declarado de desalentar la explotación de recursos naturales bajo permisos otorgados por otro Estado.

La iniciativa además incorpora disposiciones que exceden específicamente la cuestión Malvinas. Entre ellas, crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, que sería presidido por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

Ese organismo tendrá funciones de coordinación de políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia vinculadas con la seguridad nacional. El proyecto también establece un régimen de protección de infraestructuras críticas, incorpora regulaciones para los ámbitos aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre y modifica la Ley de Defensa Nacional para ampliar la definición de riesgos y amenazas externas.

Según fuentes del oficialismo citadas por Parlamentario.com, la primera reunión será de carácter informativo. El martes 6 de octubre se buscaría avanzar con el dictamen para habilitar el tratamiento del proyecto en el recinto el miércoles 7, junto con las iniciativas sobre Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad y Sobreendeudamiento.