Diez años de demoras: así está el proyecto naval austral que el Gobierno quiere destrabar

El anuncio de Javier Milei sobre la construcción de una Base Naval Integrada en el extremo sur del país reactivó el interés por una obra que lleva más de una década en carpeta y que, hasta ahora, avanzó mucho más despacio de lo prometido. El Gobierno oficializó esta semana el Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, que reasigna más de $521.000 millones a distintas áreas estratégicas, entre ellas Defensa, con la obra naval como uno de los destinos prioritarios de los nuevos fondos. El impacto neto sobre el gasto, según precisó el propio decreto, será de $234.122 millones.

El proyecto no nació con esta gestión. Los antecedentes se remontan a un plan de necesidades que Defensa ubica en 2010, y una iniciativa parlamentaria de 2016 ya definía sus dos funciones centrales: reforzar el control argentino del Atlántico Sur y centralizar el abastecimiento de las actividades científicas y militares en la Antártida. La piedra fundamental recién se colocó en marzo de 2022, cuando el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, y el gobernador Gustavo Melella encabezaron el inicio formal de las obras junto a autoridades de la Armada.

La ubicación elegida, cerca de la Punta Oriental de la Bahía de Ushuaia, no es casual. Desde allí, la Armada argentina tiene jurisdicción hasta el paralelo 60° Sur, el límite del área de aplicación del Tratado Antártico. La idea oficial es que la ciudad funcione como plataforma de salida hacia el continente blanco, con capacidad para abastecer combustible, alimentos y equipos a las bases nacionales y también a expediciones de otros países que operan bajo ese marco internacional.

El corazón del complejo será un muelle de aproximadamente 15.640 metros cuadrados, con sectores de atraque que sumarían 1.050 metros lineales y profundidades de entre 6 y 16 metros, suficientes para dar cabida al rompehielos ARA Almirante Irízar y a destructores, corbetas y patrulleros oceánicos de la Armada. A eso se suman un edificio de servicios marítimos de 2.540 metros cuadrados y otros 10.100 metros cuadrados destinados específicamente a la logística antártica, con talleres, depósitos y cámaras frigoríficas. Una segunda etapa, todavía más grande, contempla 39.000 metros cuadrados de edificios para trasladar allí el Comando del Área Naval Austral.

El problema, hasta ahora, fue la velocidad de ejecución. Según los últimos relevamientos disponibles, la obra acumula un avance físico de apenas 9,13% a más de cuatro años de aquella piedra fundamental. Entre los trabajos terminados figuran los movimientos de suelo para dos galpones modulares de unos 1.250 metros cuadrados cada uno y la platea de hormigón armado de uno de ellos, concluida en mayo de 2025. El resto —el muelle, el edificio de servicios marítimos y buena parte de la infraestructura antártica— sigue en etapa de documentación técnica y licitación.

El eje geopolítico del proyecto se profundizó en abril de 2024, cuando Milei viajó a Ushuaia junto a la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, y presentó la obra como parte de una cooperación estratégica bilateral. Desde entonces, el Gobierno descartó de manera explícita cualquier participación china en infraestructura portuaria del extremo sur —una alternativa que había generado ruido en Washington por su cercanía con el Atlántico Sur y la Antártida— y profundizó el acercamiento con Estados Unidos. Aun así, tanto Defensa como la Cancillería aseguraron ante el Congreso que no existe ningún acuerdo con Washington para financiar o gestionar la base de manera conjunta.

En su mensaje por cadena nacional, Milei enmarcó el anuncio en una lectura de largo plazo sobre la competencia internacional por los recursos australes. "La Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia", sostuvo el Presidente, y definió a la futura instalación como el eje para convertir al país en el "polo logístico más importante del Atlántico Sur". El mismo paquete de decretos designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que habilita sanciones contra empresas que exploten hidrocarburos sin autorización argentina en la zona de Malvinas.

Con el nuevo decreto ya publicado, el desafío pasa ahora por traducir el impulso político en ejecución concreta. La obra atravesó gobiernos de distinto signo, sufrió recortes y demoras presupuestarias, y llega a este anuncio con la mayor parte de su infraestructura todavía por construirse.