La plata está, pero pocos van a poder acceder a la hipoteca del Gobierno
Con un ingreso mínimo de $3,5 millones por hogar y una cuota inicial cercana al millón de pesos, buena parte de las familias argentinas queda afuera del nuevo esquema.

Antes de entrar en el fondo del anuncio, hay que hacer una aclaración semántica que no es menor. El nuevo esquema de créditos hipotecarios no se financia con la plata con la que ANSES paga las jubilaciones. Sale del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), un fondo específico que administra el propio organismo, pero que está pensado para emergencias previsionales o para impulsar proyectos como este, no para el pago corriente de haberes. Lo digo porque es habitual que se piense que el Gobierno está usando los ahorros de los jubilados, y técnicamente no es así.
Hecha esa salvedad, el anuncio consiste en 2 billones de pesos que se van a volcar al fondeo de los bancos para que puedan expandir sus préstamos hipotecarios. ¿Por qué el FGS le da esa plata a los bancos y no directamente a las familias? Porque un crédito hipotecario, por su propia naturaleza, se toma a plazos larguísimos —20, 25, hasta 30 años en el mejor de los casos— y hoy los bancos tienen una insuficiencia de liquidez para sostener ese tipo de operatoria. Lo que busca el mecanismo es fondear a las entidades para que puedan otorgar mayor volumen de crédito, con condiciones bastante más beneficiosas que las que existen hoy en el mercado, que además es chico.


Y ahí me permito una corrección al propio ministro. Caputo dijo que el crédito hipotecario equivale a dos puntos del producto argentino. El último informe del Banco Central habla de 0,7%, así que el mercado es todavía más chico de lo que se planteó en la conferencia, y por eso hay margen de sobra para crecer.
En términos de impacto económico, la lectura depende de hacia dónde se canalice ese crédito. Si se concentra en la compra de inmuebles ya construidos, el efecto es limitado. Si en cambio empuja la construcción de vivienda nueva, tiene un efecto multiplicador sobre el comercio y la producción que puede arrastrar a otros sectores de la economía. En ese sentido, es una medida positiva en términos de actividad, aunque no va a ser la solución definitiva que haga despegar a toda la economía nacional. De alguna manera, salda una deuda pendiente que tenía el Estado a la hora de fomentar el financiamiento a la vivienda.
Ahora bien, hay que ser honestos con los números. Un crédito hipotecario de unos 100.000 dólares a 25 años requiere una cuota inicial cercana a los 900.000 pesos. Y el ingreso mínimo necesario para acceder ronda los 3,5 millones de pesos por hogar —si son dos adultos que trabajan, cada uno debería ganar poco más de $1.700.000. Hoy no son muchas las familias argentinas que llegan a ese piso, así que la demanda real para este tipo de crédito específico probablemente no sea tan alta. Puede haber más margen para líneas más chicas, que permitan acceder a bienes de menor valor.
El otro problema es el de los trabajadores informales. Si sos informal pleno, no vas a tener ninguna posibilidad de acceder, porque no hay forma de declarar ingresos. Si en cambio sos monotributista o responsable inscripto, una certificación de ingresos firmada por un contador puede funcionar como equivalente a un recibo de sueldo. El problema de fondo es que el 42% de los trabajadores argentinos está en la informalidad plena, sin recibo y muchas veces cobrando en negro aunque estén inscriptos. Esa es la población que va a quedar afuera de esta herramienta, más allá de sus buenas intenciones.
Por último, quiero remarcar algo porque genera dudas todas las veces que se anuncia algo así: esto no afecta la Caja Previsional. Las jubilaciones, las pensiones y los beneficios sociales se pagan con la recaudación de aportes y contribuciones patronales que entra mes a mes. El FGS tiene como misión ser una garantía para cuando hay algún problema de caja que impide pagar el total de las jubilaciones, pero no es de ahí de donde sale la plata para pagar todos los meses. Y un dato adicional: el Gobierno no le regala esa plata a los bancos. Es una operación financiera que las entidades tienen que devolver a lo largo de los años, con un plazo más largo que el habitual.
En síntesis: es una medida positiva, necesaria y que responde a una demanda real, pero que en su formato actual deja afuera a buena parte de las familias que más necesitan una vivienda propia. El desafío de fondo sigue siendo el mismo de siempre: que los ingresos se recompongan para que más argentinos puedan ser sujetos de este tipo de crédito.
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