El caso Adorni profundizó el fuego amigo y obligó al Gobierno a revisar su comunicación

El escándalo por la situación patrimonial de Manuel Adorni volvió a tensionar al Gobierno y dejó al descubierto fallas de coordinación interna que el oficialismo no logra cerrar. Tres meses después del inicio de la causa, la explicación que dio el jefe de Gabinete sobre el origen de sus fondos en Bitcoin no ordenó el debate dentro del Ejecutivo, sino que reabrió el malestar entre propios y aliados.

En la Casa Rosada admiten que buena parte del Gabinete desconocía de antemano la explicación que iba a dar el funcionario y que el manejo de la crisis quedó concentrado en un grupo reducido. En distintos sectores reconocen que no hubo una planificación política integral y que la respuesta se elaboró sin una coordinación amplia con el resto de los equipos.

Esa descoordinación también se reflejó en el plano digital. El operativo de respaldo que el oficialismo esperaba desplegar tras la presentación de la declaración jurada no terminó de articularse, y en el entorno presidencial reconocen que faltó sintonía entre la Secretaría General de la Presidencia y el equipo de Santiago Caputo. En varios despachos coinciden en que el resultado fue negativo en lo político y comunicacional.

El cuestionamiento más fuerte llegó de los socios y de las propias filas. La senadora Patricia Bullrich calificó la explicación como una "omisión ética"; la mesa nacional del PRO habló de "falta grave"; y la vicepresidenta Victoria Villarruel la definió como "una vergüenza" y reclamó que el funcionario se presente este mes en el Senado. La mesa política del jueves funcionó como señal de continuidad, aunque no alcanzó para despejar las tensiones.

Pese al desgaste, Milei mantiene su decisión de sostener a Adorni y asume el costo político de hacerlo. El respaldo presidencial fue, por ahora, indirecto: el mandatario republicó un mensaje en defensa del jefe de Gabinete y evitó una señal pública más amplia. En paralelo, buscó correr el foco hacia la economía, con un mensaje por el último dato de inflación, en un intento por dar el tema por terminado.

En el propio Ejecutivo, sin embargo, admiten que el caso dejó costos y expuso la descoordinación, y que obligará a revisar el esquema de comunicación oficial. La causa por presunto enriquecimiento ilícito sigue su curso en Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, mientras la oposición avanza con un pedido de interpelación y moción de censura para el 23 de junio en Diputados.