La Justicia investigará el origen de los fondos en Bitcoin que Adorni declaró

El fiscal federal Gerardo Pollicita comenzará a investigar el origen de los fondos en Bitcoin que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró haber incorporado a su declaración jurada. La decisión llega en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales de Comodoro Py y se suma a las medidas de prueba que la fiscalía venía reuniendo sobre la evolución patrimonial del funcionario.

Según trascendió de fuentes judiciales, Pollicita se reunirá con peritos contables de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), el cuerpo técnico de la Procuración General, para que se incorporen al análisis los US$500.000 que Adorni dijo tener. En paralelo, la fiscalía evalúa de qué manera requerir la información sobre las operaciones en criptomonedas para poder confirmar que esos activos efectivamente fueron declarados.

Entre las diligencias que prepara el fiscal figura también el pedido de la declaración jurada reservada de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete. La presentación permitiría cruzar la información patrimonial del matrimonio, un punto que la investigación ya había marcado al rastrear bienes registrados a nombre de ambos.

El avance judicial se precipitó luego de que Adorni admitiera en una entrevista televisiva que no había declarado unos US$300.000 que habría ganado con la criptomoneda. En esa misma intervención, el funcionario sostuvo que ahorró durante años "en negro, como todos los argentinos", una afirmación que reabrió los interrogantes sobre la trazabilidad de su patrimonio.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito y la investigación por negociaciones incompatibles con la función pública están a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, y seguirán su curso pese a las rectificativas que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción. El delito que se investiga obliga al funcionario a justificar el origen de su incremento patrimonial una vez que la Justicia lo requiera formalmente.