Dos imputados por abuso sexual: "Estamos convencidos de la inocencia de nuestros defendidos"

La grave investigación judicial que mantiene bajo la lupa pública al hogar de rehabilitación y adicciones "Regreso al Padre", ubicado en el barrio Puerta del Sol de Presidencia Roque Sáenz Peña, sumó un capítulo definitorio en los tribunales locales. Tras el megaoperativo de seguridad desplegado a comienzos de semana en el predio del ex Mariápolis, la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 formalizó los cargos penales contra los principales referentes de la entidad. En este escenario adverso, la defensa técnica de los acusados buscó contrarrestar el impacto de las denuncias mediante una extensa argumentación sobre el carácter no médico del establecimiento y el historial de vulnerabilidad de los propios denunciantes.

Imputaron formalmente por abuso sexual a dos responsables del hogar "Regreso al Padre" | Noticiero 9

En un mano a mano exclusivo con los cronistas de N9 en las puertas de la sede judicial, el abogado defensor Gustavo Ariel Ojeda (Matrícula 8699) detalló el estado procesal de sus representados tras la finalización de las audiencias indagatorias. El letrado confirmó que los directivos Rogelio Gatti y Alfredo Fernández, quienes registran una trayectoria de 15 y 25 años en el acompañamiento de personas con consumos problemáticos respectivamente, comparecieron formalmente ante las autoridades. "Fueron imputados por un supuesto abuso sexual", ratificó Ojeda, precisando que sugirió a sus defendidos prestar una declaración extensa y aclarativa debido a que "esta defensa técnica estamos convencidos de la inocencia de nuestros defendidos".

Asimismo, el representante legal aclaró la situación del tercer implicado en la causa, Juan Bautista Di Costanzo, quien obtuvo la excarcelación en las últimas horas. Si bien recuperó la libertad bajo severas medidas restrictivas —como la fijación de un domicilio permanente y la obligación de estar a total disponibilidad de los peritos—, Ojeda consideró que su vinculación con el núcleo de la acusación es considerablemente menor. Respecto al funcionamiento del cuestionado establecimiento, el abogado disipó las dudas sobre el estatus jurídico de la entidad, explicando que si bien operaban hace dos años bajo la tutela de la diócesis local y la pastoral de adicciones, obtuvieron la resolución formal como fundación por parte de la Dirección de Personas Jurídicas hace aproximadamente cinco o seis meses para transparentar la recepción de donaciones bancarias.

La controversia central del reportaje televisivo giró en torno al cumplimiento de la Ley de Salud Mental, dado que ex residentes manifestaron la total ausencia de psicólogos o psiquiatras en el régimen de convivencia. Al respecto, el letrado ensayó una diferenciación técnica del encuadre "Es una comunidad de ayuda y de autoayuda, no es una institución que tenga un régimen terapéutico", remarcó, desestimando la exigencia de directivos con títulos universitarios sanitarios bajo el argumento de que la estructura se compone únicamente de "servidores". Agregó que los ingresos y egresos de los más de 200 jóvenes que pasaron por allí siempre fueron estrictamente voluntarios, y que la inscripción ante el Sedronar no se concretó debido a la excesiva complejidad de los requisitos administrativos exigidos.

De acuerdo a la hipótesis planteada por la defensa en la pantalla de N9, los focos de violencia, abusos y malos tratos denunciados penalmente no fueron propiciados por los coordinadores, sino que se originaron a partir de la admisión de cinco internos de alta complejidad. El abogado Ojeda subrayó que estos denunciantes eran sujetos judicializados que cumplían condenas bajo la modalidad de progresividad de la pena por delitos de violencia de género, a quienes la fundación decidió darles una oportunidad de resocialización. Por otra parte, el defensor desmintió categóricamente el cobro fraudulento de cuotas obligatorias a los grupos familiares, asegurando que el sostenimiento alimentario de los internos dependía de donaciones voluntarias y de actividades benéficas tradicionales como la venta de pollos, empanadas y bingos comunales.

Hacia el cierre de la entrevista, el profesional del derecho depositó la resolución del conflicto en el análisis minucioso de las pruebas documentales e institucionales que las fuerzas policiales incautaron durante el allanamiento del pasado sábado 23 de mayo. "El señor fiscal tiene todas las documentaciones para que pueda ser analizada pertinentemente y decidir tomar la decisión proporcionalmente justa que corresponde para mis asistidos", concluyó Ojeda, manifestando su confianza en que los libros contables, actas de asistencia intersectorial con el hospital local y los informes de la asistente social del hogar bastarán para desestimar la acusación por el denominado "hogar del horror" chaqueño.