La querella aclaró que la causa "continúa en el mismo estado" pese a la liberación de los imputados

La querella que representa a las víctimas del hogar "Regreso al Padre" aclaró que la investigación de fondo no fue modificada por la resolución que le otorgó la libertad a Rogelio Gatti y Alfredo Fernández, los dos imputados que hasta esta semana permanecían detenidos. La abogada Fiorella De Langhe, querellante particular en la causa, explicó a N9 que la Cámara Primera en lo Criminal revisó únicamente la medida de prisión preventiva, sin pronunciarse sobre la responsabilidad penal de los acusados.

"La causa continúa exactamente en el mismo estado en cuanto a la investigación, en virtud de que la resolución de la Cámara únicamente revisó la medida de coerción dictada por el Ministerio Público Fiscal", señaló la letrada. Según explicó, la propia resolución reconoce que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa, "la probabilidad de los hechos que se investigan y la probabilidad de la participación" de los imputados.

De Langhe precisó que la jueza de Cámara consideró que no estaban suficientemente acreditados los riesgos procesales —peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación— que habilitan mantener una prisión preventiva, criterio que en el sistema procesal vigente se aplica de manera excepcional. La querellante dijo respetar la decisión, aunque no la comparte plenamente, dada "la gravedad de los hechos que se investigan" y "la especial situación de vulnerabilidad" de las víctimas, cuya protección definió como "un aspecto fundamental" a lo largo del proceso.

La libertad quedó sujeta a un conjunto de condiciones: los imputados deben fijar residencia, no pueden ausentarse de la ciudad sin autorización judicial, tienen prohibido cualquier tipo de contacto —personal, por otro medio o por redes sociales— con las víctimas y sus grupos familiares, y deben presentarse cada 15 días ante la comisaría de la jurisdicción, con conocimiento del equipo fiscal. De Langhe remarcó que el incumplimiento de cualquiera de esas obligaciones habilita una revisión inmediata de la situación procesal y la adopción de "medidas más gravosas", incluida la posibilidad de que se vuelva a dictar la prisión preventiva. La querellante adelantó que estará atenta a un eventual incumplimiento para dar aviso a la autoridad competente.

Sobre los próximos pasos, la abogada indicó que la investigación penal preparatoria continúa con normalidad, con la producción de nuevas medidas de prueba y la incorporación de otros elementos de convicción. Dijo además haberse comunicado con las víctimas para transmitirles tranquilidad, dado que la resolución no implica una decisión sobre el fondo de la causa.

La querella insistió en despejar cualquier lectura errónea de la resolución: "En esta instancia la discusión no fue si los hechos existieron o no existieron. La discusión fue exclusivamente si estaban suficientemente acreditados los riesgos procesales" para sostener la prisión preventiva. De Langhe advirtió sobre la posibilidad de que se interprete la liberación como una declaración de inocencia y remarcó que se trata de "dos cosas distintas".