Piden imputar a Di Constanzo por presunto entorpecimiento de la causa Regreso al Padre

La abogada querellante Fiorella De Langhe solicitó formalmente al fiscal de la causa, Gustavo Valero, la detención e imputación de Juan Bautista Di Constanzo, el tercer directivo del hogar de rehabilitación "Regreso al Padre" que permanece en libertad y continúa residiendo en el establecimiento del barrio Puerta del Sol, en Sáenz Peña. La letrada advirtió que el acusado habría realizado un seguimiento del paradero de las víctimas y entorpecería el avance de la investigación.

Hasta el momento, cuatro jóvenes denunciaron abusos sexuales y maltratos físicos y psicológicos dentro de la institución. Según explicó De Langhe, la demora en citar a todos los damnificados retrasa el proceso judicial. "Ellos necesitan venir, necesitan contar su verdad porque la pasaron muy mal", señaló la querellante, quien remarcó que a medida que avanza la causa se van sumando pruebas testimoniales.

La situación del hogar se complicó luego de que la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar) confirmara, mediante un informe oficial, que la institución operaba de manera ilegal, sin convenio, registro ni vínculo institucional alguno. Según detalló la abogada, para funcionar como centro de rehabilitación se exigen más de veinte requisitos, entre ellos infraestructura adecuada y un equipo interdisciplinario de psicólogos y psiquiatras. "De momento nada de eso se puede acreditar", enfatizó, en referencia a los dichos de la defensa, que había asegurado haber iniciado los trámites de inscripción ante el organismo.

Los testimonios recabados también alertaron sobre la presencia de menores de edad internados en el hogar y sobre traslados constantes de pacientes que, según los denunciantes, buscaban evadir controles.

Respecto de Di Constanzo, la querellante sostuvo que, pese a no estar imputado y permanecer en libertad con condiciones, habría intervenido en la causa al hacer un seguimiento del paradero de las víctimas, entre ellas jóvenes que ya regresaron a sus provincias de origen para continuar el tratamiento. "Yo personalmente creo que estaríamos en situación de que el Ministerio Público Fiscal estaría en condiciones de tomar las decisiones pertinentes justamente para preservar los elementos probatorios y preservar la investigación en sí", concluyó De Langhe.

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