El Gobierno envió al Congreso una nueva ley que endurece las pensiones por discapacidad

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar de fondo la normativa que regula las pensiones por invalidez y las prestaciones de discapacidad, en medio de la crisis política abierta por la denuncia de supuestas coimas que terminó con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El texto, titulado "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", ingresó por el Senado y deroga cinco artículos centrales de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad 27.793, una norma que el Ejecutivo no venía aplicando pese a los fallos judiciales que ordenaron hacerlo.

El eje de la iniciativa es la obligación de reempadronar a todos los titulares actuales de pensiones por invalidez, que deberán presentar de nuevo documentación sobre su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Quienes no cumplan con ese trámite en los plazos fijados perderán de manera automática el beneficio. Además, se pondrá en marcha un sistema de fiscalización con cruces de datos entre ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos, y el Ejecutivo podrá suspender en forma preventiva cualquier pensión ante inconsistencias detectadas, con un procedimiento posterior de defensa.

En materia de montos, el proyecto fija el valor de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio y elimina la posibilidad de que el Gobierno otorgue aumentos por invalidez laboral o por residencia en zonas desfavorables. También establece una incompatibilidad absoluta entre el cobro del beneficio y cualquier empleo registrado, lo que impide que una persona con discapacidad pueda trabajar en blanco sin perder la pensión. En la misma línea, suprime los incentivos que tenían las empresas para contratar personas con discapacidad y los programas de reconocimiento asociados.

El texto también reordena el financiamiento del sistema: habilita convenios entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para administrar y distribuir los fondos, elimina el nomenclador y desregula la negociación de aranceles con obras sociales y prepagas. De ese modo se cae el piso mínimo de calidad y los valores homogéneos que hoy rigen para las prestaciones. Las pensiones quedarán atadas a la evolución del haber mínimo, mientras que los aranceles se ajustarán de manera trimestral o por IPC cuando haya demoras, con una compensación de emergencia prevista para los prestadores.

El ingreso de la norma por la Cámara alta responde a que en la Casa Rosada evalúan que allí les resulta más accesible conseguir los votos necesarios que en Diputados. El debate se prevé tenso entre los bloques que el año pasado acompañaron la sanción de la Emergencia en Discapacidad, ya que el nuevo proyecto retrotrae gran parte de la normativa a un esquema anterior, con una definición más restringida de la prestación y mayores controles sobre la acreditación de la incapacidad.