Penas más severas y menos artículos: así será el Código Penal que el Gobierno enviará al Congreso

 
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ordenó modificaciones al proyecto de reforma del Código Penal que había dejado listo su antecesor, Mariano Cúneo Libarona. El funcionario, que asumió a principios de marzo, decidió acortar el texto y hacerlo más técnico, aunque sin alterar la esencia de la propuesta original. La comisión de expertos que venía trabajando en la iniciativa desde la gestión de Mauricio Macri había entregado una primera versión con 540 artículos en febrero de 2025, pero las sucesivas ampliaciones llevaron esa cifra a 912. Mahiques planteó cambiar de enfoque: en lugar de sumar tantos agregados, prefiere modificar directamente los artículos existentes en el Código vigente.

El ministro también consultó a la Corte Suprema durante su reunión del martes pasado y le pidió a los jueces que le envíen recomendaciones sobre el proyecto. Desde el entorno de Mahiques explicaron que su estilo de trabajo implica revisar en detalle todo lo que firma o envía. La iniciativa figura entre los proyectos que el oficialismo impulsará en esta primera etapa de sesiones ordinarias, según anunció el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

A pesar de los recortes, el texto mantiene las nuevas figuras delictivas que había propuesto la comisión especializada. Se incorporan tipificaciones como la estafa piramidal, las llamadas "viudas negras" (mujeres que simulan interés romántico para ingresar a domicilios y robar), los motochorros y la entradera bancaria. También se incluye un régimen específico para delitos financieros complejos, con sanciones para el lavado de dinero con activos virtuales, el inside trading, la manipulación de precios, los balances falsos y el cohecho financiero.

El proyecto contempla además un abordaje integral del terrorismo y el crimen organizado, con penas para asociación ilícita, adoctrinamiento y adiestramiento. En materia de narcotráfico, se establece un sistema escalonado que distingue entre producción, suministro, tenencia y tráfico de precursores químicos. La violencia en espectáculos deportivos también tendrá un tratamiento específico, con sanciones por dopaje, corrupción y vínculos con agrupaciones ilícitas.

Un capítulo especial responde a compromisos asumidos con Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial bilateral: el texto prevé cambios para reforzar la protección de la propiedad intelectual e industrial y suma controles judiciales más estrictos contra el crimen organizado. En cuanto a delitos informáticos, se tipifican el hackeo, la difusión no autorizada de imágenes, el acceso ilegítimo a sistemas y los ataques contra infraestructura esencial. También sobrevivieron a la revisión las normas que castigan a funcionarios que afecten la estabilidad fiscal y monetaria, una prioridad para la administración libertaria.