Detalles de la reforma del Código Penal: prisión efectiva para el 82% de los delitos y mayores penas
Patricia Bullrich aseguró que "el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva" y defendió la imprescriptibilidad para abusos y homicidios. El proyecto del Gobierno nacional propone penas más altas, nuevos delitos y amplía la imprescriptibilidad a casos de abuso, homicidio y corrupción.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa que busca actualizar un sistema que rige desde 1921 y que, según las autoridades, quedó desfasado frente a las modalidades delictivas actuales. Durante el anuncio, la ministra Patricia Bullrich sostuvo que "el que la hace, la paga" y afirmó que el nuevo esquema implicará que "el 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva", marcando un cambio fuerte respecto del régimen vigente.
La propuesta endurece las penas para homicidio, narcotráfico, robo, pornografía infantil, trata de personas y delitos cometidos en accidentes de tránsito con conducción imprudente. El Ministerio de Justicia remarcó que hoy "cuando la pena no supera los 3 años, el delincuente no cumple con la condena", mientras que el nuevo texto "eleva los mínimos para evitar liberaciones automáticas". En esa línea, el proyecto determina la imprescriptibilidad del abuso sexual, del homicidio agravado y de una serie de crímenes que incluyen terrorismo, corrupción de menores, grooming, trata, narcotráfico y delitos de lesa humanidad.
Bullrich sostuvo también que los delitos de corrupción tendrán sanciones más severas. "Si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar", afirmó. Explicó que el proyecto busca terminar con "la puerta giratoria" y dejó atrás, según dijo, "la doctrina Zaffaroni", apuntando a que no vuelvan a quedar en libertad personas con condenas importantes. Un ejemplo citado en la presentación fue el homicidio simple, cuya pena máxima pasaría de 25 a 30 años, mientras que la prisión perpetua por homicidio agravado dejará de tener límite temporal.
El texto incorpora cambios amplios en distintas áreas. En violencia en el deporte y espectáculos masivos crea figuras específicas, con penas más altas para peleas, disturbios y agresiones dentro o en inmediaciones de estadios y eventos multitudinarios. En narcotráfico se amplía el alcance penal desde el cultivo hasta el tráfico internacional y se agravan castigos cuando intervienen funcionarios o menores. En decomiso y extinción de dominio se establecen mecanismos para que los bienes obtenidos ilegalmente no puedan recuperarse ni transferirse para ocultamiento.
También se incorpora una protección reforzada para bienes culturales, con sanciones para el tráfico, destrucción y ocultamiento de piezas históricas. En delitos contra la familia se incluyen nuevas formas de violencia intrafamiliar y se ajustan los deberes de asistencia. El proyecto endurece igualmente las penas por conducción temeraria, alcoholizada, carreras ilegales y siniestros con víctimas, previendo agravantes por número de afectados o negligencia grave. En materia ambiental aparece la figura de ecocidio para castigar daños masivos a ecosistemas, áreas protegidas o la salud pública.
El esquema contempla además agravantes para delitos cometidos contra personas vulnerables: menores, adultos mayores, personas con discapacidad o poblaciones en riesgo especial. Se refuerza la vigencia de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se mantiene sin cambios. En violencia de género se incorporan tipos penales vinculados al ciberacoso y a la difusión no consentida de material íntimo, y se endurecen penas cuando el hecho se comete por motivos de género, identidad u orientación sexual.
Entre los nuevos delitos aparece un capítulo dedicado al cibercrimen, con sanciones por fraude informático, acceso no autorizado, usurpación de identidad, grooming y "pornovenganza". También se define específicamente el accionar de los motochorros, con agravantes por el riesgo que generan para víctimas y terceros. En criminalidad ambiental se suman delitos como ecocidio y contaminación agravada. Para los delitos de corrupción se actualizan las escalas penales de cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles. En lavado de activos se refuerzan los mecanismos de control y cooperación internacional para impedir el blanqueo y recuperar bienes ilícitos.
La propuesta también revisa terrorismo y financiamiento del terrorismo, alineándose con estándares de Naciones Unidas y el GAFI. Se penalizan atentados contra infraestructura crítica y operaciones destinadas a recaudar fondos para actividades terroristas, incluyendo herramientas como congelamiento preventivo de activos. En crimen organizado transnacional se abordan redes vinculadas a tráfico de armas, trata, contrabando y corrupción sistémica. En estabilidad fiscal y monetaria se sancionan maniobras económicas como evasión organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria y prácticas especulativas de alto impacto.
Finalmente, el proyecto suma un capítulo integral sobre el orden electoral, que agrupa más de treinta figuras penales para proteger la transparencia del voto. Se sanciona cualquier intento de distorsionar el sufragio, alterar la neutralidad de la jornada electoral o dificultar el ejercicio del voto. Por primera vez, se contemplan delitos digitales como manipulación algorítmica, creación o alteración de imágenes, audios o perfiles con intención de influir en electores, y el uso de contenidos falsos y cuentas automatizadas para desinformación o coacción.
La iniciativa abre ahora su etapa de debate legislativo, donde se discutirá la aplicación concreta de cada figura y el alcance de un cambio que, según el Gobierno, busca transformar el sistema penal para "proteger a las víctimas y garantizar condenas efectivas".
