Nuevos delitos, más casos imprescriptibles y penas más duras: así es la reforma que prepara el Gobierno
La iniciativa contempla imprescriptibilidad para delitos graves y nuevas herramientas contra el narcotráfico. El texto incluye delitos digitales, electorales y ambientales en una reforma integral.

El proyecto surge ante la necesidad de actualizar un Código que tiene más de un siglo. Desde el Ejecutivo sostienen que la legislación actual quedó desfasada frente a las transformaciones tecnológicas y sociales de las últimas décadas. La propuesta incluye un rediseño de las penas para delitos violentos y la incorporación de agravantes en casos como robos cometidos por motochorros y hechos de violencia en espectáculos deportivos.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la declaración de imprescriptibilidad para delitos como abuso sexual, homicidio, trata de personas, terrorismo y narcotráfico. Esto implica que estos hechos podrán ser investigados y juzgados sin límite temporal. El oficialismo considera que esta medida fortalece la persecución penal y evita que causas graves queden sin resolución por el paso del tiempo.


La lucha contra el crimen organizado ocupa un capítulo central en la reforma. El texto prevé el uso sistemático del decomiso de bienes obtenidos de manera ilícita como herramienta para afectar la estructura financiera de las organizaciones criminales. El objetivo es recuperar activos y debilitar la capacidad operativa de redes vinculadas principalmente al narcotráfico.
Otra de las novedades es la incorporación de un apartado específico sobre delitos digitales. Se busca tipificar conductas como la usurpación de identidad, el grooming y la difusión no autorizada de datos personales. Estas figuras responden al crecimiento de la actividad en entornos virtuales y a la necesidad de establecer sanciones claras frente a nuevas formas de agresión y fraude.
La iniciativa también introduce delitos electorales y crea la figura de ecocidio, orientada a sancionar daños ambientales de gran magnitud, como incendios forestales provocados. Con estos cambios, el Gobierno apunta a ampliar la protección penal sobre el sistema democrático y el medio ambiente, dos áreas que hasta ahora no contaban con un tratamiento específico en el Código.
El texto fue elaborado por un equipo de juristas que trabajó durante varios meses en la redacción. Una vez ingresado al Parlamento, comenzará un debate que podría generar tensiones entre distintos sectores políticos. Por su alcance y profundidad, la reforma se perfila como una de las modificaciones más amplias del sistema penal argentino en las últimas décadas.
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