Sur Finanzas: la Justicia detectó una estructura interna dedicada a borrar pruebas

La investigación judicial sobre la financiera Sur Finanzas, sospechada de lavado de activos, incorporó un elemento central que refuerza la acusación contra su estructura interna. La Justicia determinó que dentro de la empresa funcionó un esquema organizado y jerárquico destinado a eliminar pruebas y ocultar información sensible ante la inminencia de allanamientos. El expediente está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, con la intervención de la fiscal Cecilia Incardona, y apunta al funcionamiento interno de la firma liderada por Ariel Vallejo, empresario con vínculos cercanos al presidente de la AFA.

Según la reconstrucción judicial, entre el 1 y el 11 de diciembre de 2025 se activó un protocolo de emergencia que incluyó el borrado de grabaciones de cámaras de seguridad, el retiro de dinero en efectivo, el formateo de computadoras, la desconexión de sistemas informáticos y el ocultamiento de dispositivos electrónicos. La prueba clave surge de comunicaciones internas recuperadas por los investigadores, que permitieron identificar una cadena de órdenes precisa y sostenida en el tiempo. La causa establece que distintas áreas de la empresa participaron de estas maniobras, desde tesorería y recursos humanos hasta sistemas y logística, con el objetivo de impedir el rastreo de operaciones financieras y preservar documentación paralela fuera del circuito formal.

La maniobra quedó expuesta el 11 de diciembre, cuando un vecino alertó sobre movimientos sospechosos de camionetas de la empresa hacia un galpón en Turdera. El allanamiento posterior confirmó lo anticipado en los mensajes internos: se hallaron cajas con documentación, servidores, cajeros automáticos y cajas fuertes. En ese procedimiento fue detenida la tesorera Micaela Sánchez, junto a dos choferes, mientras intentaban ocultar teléfonos celulares. Días después, el juez procesó a los involucrados por encubrimiento agravado. Mientras la defensa de Vallejo niega que haya impartido órdenes para destruir pruebas, la investigación continúa con el análisis de decenas de celulares secuestrados y profundiza sobre una trama de movimientos millonarios sin justificar, préstamos inflados y el uso de monotributistas sin capacidad económica real para simular operaciones financieras.