Justicia activa el camino sancionatorio contra la Superliga mientras espera a la Cámara por la AFA

El Gobierno nacional analiza nuevas medidas administrativas contra la Superliga y, a la vez, aguarda una definición judicial sobre la veeduría dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ) en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En el Ministerio de Justicia sostienen que el margen de acción es más amplio frente a la Liga Profesional que ante la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, donde existe una apelación en trámite.

La diferencia entre los dos casos marca el ritmo de la estrategia oficial. Sobre la AFA, en el Ejecutivo afirman que hay una apelación ante la Justicia civil con recurso concedido por la Cámara, por lo que esperarán esa resolución antes de avanzar con apercibimientos o nuevas medidas. "Tenemos que esperar que resuelva la Cámara para poder apercibirlos", expresaron desde el Gobierno. En cambio, sobre la Superliga aseguran que la entidad solo manifestó disconformidad con la veeduría y que la IGJ rechazó ese planteo, lo que mantiene abierta la vía administrativa. "La semana que viene seguramente prosigamos con alguna medida según requieran los veedores", agregaron.

El plazo para responder los requerimientos venció el viernes pasado a la medianoche. A partir de ese vencimiento, una de las primeras herramientas disponibles es una nueva intimación formal para que la Superliga entregue documentación o permita el acceso solicitado. La Ley 22.315 faculta a la IGJ a fiscalizar asociaciones civiles y fundaciones, controlar su funcionamiento, investigar denuncias, asistir a asambleas, convocarlas en determinados supuestos y disponer medidas más graves cuando detecta irregularidades.

El esquema sancionatorio incluye apercibimiento, apercibimiento con publicación a cargo del infractor y multa. El monto máximo, actualizado por el Decreto 609/2024, quedó fijado en 8 millones de pesos. La graduación de la sanción debe considerar la gravedad del hecho, la eventual reiteración de las infracciones y el patrimonio de la entidad alcanzada por la medida.

La IGJ también dispone de herramientas de mayor alcance si detecta irregularidades severas. Puede declarar la irregularidad o ineficacia administrativa de actos sometidos a su fiscalización y, en situaciones extremas, solicitar al Ministerio de Justicia la intervención de una asociación civil o el retiro de la autorización para funcionar. El Decreto 1493/82 suma una obligación adicional: controlar que las entidades cumplan efectivamente con los propósitos de sus estatutos y no desvirtúen su finalidad.

En paralelo, el Ministerio de Justicia monitorea si la Superliga decide judicializar la veeduría o sostiene su resistencia únicamente por vía administrativa. Sigue además, de cerca, la apelación de la AFA pendiente de resolución en la Cámara. Desde el Ejecutivo definieron el escenario en una frase: "Es un proceso largo".