El FBI ya toma testimonios por las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos
El Departamento de Justicia busca reconstruir cómo la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia canalizó cientos de millones de dólares a través de TourProdEnter LLC. El empresario Guillermo Tofoni habría declarado por videoconferencia durante tres horas.

Mientras la Selección argentina disputa el Mundial en Estados Unidos, fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios para investigar las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país. Los investigadores del Departamento de Justicia buscan entender cómo la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema bancario norteamericano y si parte de esos movimientos podría configurar delitos como lavado de activos o fraude bancario bajo jurisdicción estadounidense.
Según trascendió, una de las primeras declaraciones habría sido la del empresario Guillermo Tofoni, quien la semana pasada se conectó por videoconferencia con fiscales y agentes del FBI radicados en Washington DC y Miami, en una reunión que se extendió durante unas tres horas. Tofoni, denunciante original del caso, fue quien impulsó los "discoveries" judiciales que permitieron acceder a información bancaria que de otro modo habría permanecido bajo reserva. Consultado sobre ese encuentro, el empresario prefirió no confirmarlo ni desmentirlo.


En el centro de la pesquisa aparece TourProdEnter LLC, la firma del productor teatral Javier Faroni que desde fines de 2021 actuó como agente de cobro de los contratos internacionales de la AFA. De acuerdo con documentación bancaria revelada por una investigación periodística, Faroni y su esposa, Erica Gillette, movieron fondos a través de cuentas en cinco entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Por esas cuentas la empresa administró al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos de la AFA, provenientes de contratos con multinacionales como Adidas (60 millones) y Warner (40 millones), firmados durante los años de mayores restricciones cambiarias en la Argentina. Otros 57 millones se habrían distribuido entre sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no surge de los registros analizados, incluidas dos firmas ligadas al tesorero Pablo Toviggino y su familia.
La investigación preliminar está a cargo de al menos tres fiscales federales: Patrick Gushue y Christopher Ting, con asiento en Washington DC, y Michael Berger, del distrito Sur de Florida. Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia; Berger, por su parte, llevó adelante el caso que terminó con la condena por lavado del excontralor general de Ecuador, Carlos Polit Faggioni. Entre los posibles testigos, los investigadores también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que hayan tenido acceso a información sensible sobre la AFA o intervenido en el control de sus operaciones.
El expediente tuvo un antecedente en septiembre de 2024, cuando el Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Patricia Bullrich, transmitió a funcionarios norteamericanos información sobre posibles focos de riesgo vinculados a la entidad, tras una reunión con Tofoni. En aquel momento el FBI consideró que no había elementos suficientes para abrir una investigación criminal, pero el escenario cambió a partir de las revelaciones periodísticas que desde fines de diciembre expusieron un entramado financiero y societario con epicentro en Florida.
Frente al avance de la pesquisa, la AFA comenzó a moverse en Estados Unidos. Su "embajador" para América del Norte, Tomás Regalado, y el penalista argentino Mariano Lizardo participaron el miércoles pasado de un foro sobre fútbol, corrupción y justicia en Miami, donde reclamaron respeto por la presunción de inocencia. "Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad", sostuvo Regalado. Por ahora la intervención de los fiscales no equivale a una imputación: de la documentación que hoy analizan el Departamento de Justicia y el FBI dependerá si el caso avanza hacia una investigación penal formal.
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