El Gobierno promulgó la ley pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso defina el financiamiento

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad tras la insistencia del Congreso, que había rechazado el veto presidencial. La norma, que tendrá vigencia hasta diciembre de 2026, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida hasta que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas necesarias en el presupuesto nacional.

La decisión se formalizó a través del Decreto 681/2025, que reconoce la imposibilidad de poner en marcha la medida con el actual nivel de recursos. Según los cálculos oficiales, la creación de nuevas pensiones y la ampliación de la cobertura sanitaria representarán un gasto de más de tres billones de pesos para este año, equivalente al 0,35 % del Producto Bruto Interno. Esa cifra surge de la suma de las prestaciones, el Programa Incluir Salud y las compensaciones económicas a prestadores.

El Ejecutivo fundamentó la suspensión en normas vigentes que obligan a toda ley con erogaciones adicionales a señalar de dónde provendrán los fondos. En el decreto se remarcó que el Congreso no precisó mecanismos claros de financiamiento y que la posibilidad de reasignar partidas por parte de la Jefatura de Gabinete no constituye una fuente suficiente ni sostenible en el tiempo.

El texto oficial destacó además que, incluso utilizando todos los recursos disponibles del presupuesto nacional, la suma resultaría insuficiente para afrontar las obligaciones de la nueva legislación. El crédito presupuestario vigente asciende a 2,3 billones de pesos, pero el costo estimado de la emergencia en discapacidad supera los tres billones, lo que deja un déficit que solo podría ser cubierto con una ampliación del presupuesto aprobada por el Congreso.

La promulgación se produjo luego de que el Senado y la Cámara de Diputados insistieran con la sanción original de la norma, obligando al Ejecutivo a publicarla conforme lo establece la Constitución. Pese a este paso formal, el inicio efectivo de la emergencia nacional en discapacidad dependerá de los próximos movimientos legislativos en materia presupuestaria.

En paralelo, el Gobierno adoptó una medida de corto plazo: a través de la Decisión Administrativa 24/2025 dispuso un refuerzo presupuestario para la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud. Esta reasignación de fondos comenzará a aplicarse desde el 1° de octubre y se destinará a actualizar la financiación de los prestadores del sistema de atención a personas con discapacidad, con recursos provenientes de la reducción de partidas de Obligaciones a Cargo del Tesoro. De esta manera, aunque la ley aún no entra en vigor, se busca atender reclamos urgentes vinculados a la cobertura y a los servicios básicos de este sector.