El Gobierno promulgó la ley de discapacidad, pero demorará su aplicación por falta de fondos

La Casa Rosada confirmó que promulgará la ley de discapacidad, aprobada por el Congreso tras el rechazo al veto presidencial, pero aclaró que no la aplicará de inmediato. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó que la norma no será reglamentada hasta que se defina cómo se financiará su puesta en marcha.

"El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente", señaló Francos. Y agregó: "Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas".

En declaraciones a Clarín, el funcionario fue más contundente: "Vamos a promulgar la ley como corresponde. También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?".

El Congreso había aprobado la ley con un amplio respaldo de la oposición e incluso con votos de legisladores cercanos al oficialismo. Tanto en Diputados como en el Senado la insistencia superó los dos tercios requeridos, dejando sin efecto el veto firmado por Javier Milei.

La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la medida "podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas", lo que demandaría un gasto fiscal adicional de entre $1,8 y $3,6 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI. Además, estimó $278.323 millones por compensación a prestadores y $7.160 millones para talleres de producción.

La norma se sancionó en un contexto de fuerte movilización de familiares y organizaciones de personas con discapacidad, que denunciaban recortes en la asistencia y cuestionaban la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La crisis se profundizó luego de la difusión de audios en los que el entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, mencionaba un supuesto circuito de coimas, lo que derivó en su salida del Gobierno.

La ley establece la ampliación de pensiones no contributivas para quienes tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD), con un beneficio equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. También contempla la compatibilidad con empleo registrado bajo ciertos límites, la actualización automática de aranceles según la inflación y un régimen de regularización de deudas para empresas y trabajadores del sector.

Aunque el Poder Ejecutivo confirmó que la promulgará, la aplicación quedó en suspenso. Francos ratificó que el debate sobre el financiamiento deberá darse con el Congreso antes de que la reglamentación entre en vigencia.