La administración nacional ha anunciado su decisión de rescindir al menos 15.000 contratos de trabajadores estatales hacia finales de marzo, como parte de un plan para reducir la planta de empleados públicos.
Esta medida, que representa el 20% del total de contratados en los ministerios, se llevará a cabo tras una exhaustiva auditoría de las funciones, actividades y asistencias de los empleados en todas las áreas del Estado. Además, se postergará la finalización de más de 55.000 contratos por tres meses, con el objetivo de alcanzar una reducción del 30% en el futuro próximo.
El jefe de gabinete, Nicolás Posse, ha dirigido esta reducción de manera progresiva, basándose en un informe presentado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Se espera que en junio se implementen nuevas bajas de contratos, como parte de esta estrategia de ajuste. El Gobierno ha destacado la importancia de verificar la asistencia y la funcionalidad de los empleados para fundamentar estas decisiones.
Se prevé que próximamente se emita un decreto similar al 84/2023, que permitirá a los titulares de las carteras exceptuar de la baja a aquellos trabajadores considerados indispensables para el funcionamiento del Estado. Asimismo, se solicitará a los titulares que redacten informes detallados sobre la situación de sus áreas y justifiquen la necesidad de renovar los contratos existentes.
Estas medidas de reducción de la planta estatal también afectarán a organismos descentralizados y a institutos gubernamentales, como Télam, AYSA, INCAA y ANSES. Se contempla la posibilidad de ofrecer retiros voluntarios en algunos casos, mientras que otros organismos podrían ser cerrados mediante decreto.
El Gobierno también ha anunciado la eliminación de algunos institutos, como el INADI y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, con planes de sumar más instituciones a esta lista en el futuro. Además, se pretende modificar la proporción de empleados destinados a tareas administrativas y a la aplicación de políticas públicas, pasando de un esquema 60/40 a uno 70/30.
Estas decisiones han generado reacciones por parte de los gremios estatales, como ATE y UPCN, quienes han manifestado su descontento y han organizado protestas en diferentes partes del país.
