Causa Exen: la Cámara no encontró el vínculo entre los gimnasios y el narcotráfico

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia concluyó que la investigación no logró probar, por ahora, que el dinero invertido en la cadena de gimnasios Exen provenga del narcotráfico. Ese fue el eje del fallo que este martes revocó los procesamientos con prisión preventiva de Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Jorge César Alberto Vargas. En su lugar, el tribunal dictó la falta de mérito para los cinco.

La resolución lleva las firmas de María Virginia Ise, Patricia Beatriz García y Rocío Alcalá. Para los jueces, los indicios reunidos muestran contactos entre los imputados y personas investigadas por narcotráfico, incluso de tipo comercial. Pero esos indicios no alcanzan para demostrar el origen ilícito de los fondos con el grado de probabilidad que exige un procesamiento.

El delito previo existe, el nexo no

Para que haya lavado de dinero, la ley exige que los bienes provengan de un delito anterior. Sobre ese punto, la Cámara reconoció que el delito previo está identificado. Se trata de la causa en la que fueron procesados J. H. R., alias "Portal", y otras seis personas por tráfico de estupefacientes agravado, lavado y tenencia ilegal de armas. El propio tribunal había confirmado esos procesamientos en marzo. Con ese dato descartó el argumento de algunas defensas, que sostenían que en ese expediente nadie estaba imputado por narcotráfico.

El problema, según el fallo, está en el paso siguiente. Los jueces señalaron que no surge ninguna prueba de que el dinero de esa actividad haya ingresado al patrimonio de las concesionarias Clinis y Benchi. Tampoco de que, desde allí, haya llegado a los gimnasios. También advirtieron que la resolución de primera instancia no explica cómo se conecta en el tiempo esa posible procedencia ilícita con el momento en que empezaron las inversiones en Exen.

Las pólizas de seguro

Uno de los indicios centrales de la acusación eran cuatro pólizas de seguro de vehículos a nombre de B. P., uno de los procesados en la causa narco. Las cuatro tenían como domicilio de facturación la sede de la concesionaria Clinis, sobre avenida Mac Lean. Ese dato se había presentado como una corroboración de lo que declaró un colaborador de identidad reservada.

Después del procesamiento apareció otra explicación. El 28 de septiembre, al ampliar su indagatoria, Federico Clinis Canal atribuyó ese domicilio a un error administrativo de la aseguradora. El 7 de octubre declaró el productor de seguros que gestionó las pólizas. Contó que el cliente no respondía los pedidos para informar su domicilio y que, para que el auto no circulara sin cobertura, un empleado cargó la dirección de la concesionaria donde lo había comprado. Para la Cámara, ese testimonio le quita peso al indicio y respalda la versión del imputado.

El tribunal admitió que existen otros contactos entre ambos grupos. Entre ellos mencionó vehículos usados por integrantes de la banda investigada que después aparecieron en exhibición frente a la concesionaria Benchi. También citó llamadas entre la línea comercial de la empresa y dos de los procesados en la causa narco. Sin embargo, los jueces sostuvieron que pasar de un vínculo comercial a uno delictivo no puede construirse solo a partir de esos datos.

Los dichos del colaborador

La otra pieza que analizó la Cámara fue la declaración del colaborador, cuyo acuerdo fue homologado en noviembre de 2025. Ese testigo relató un procedimiento en Cipolletti, Río Negro, que habría involucrado a un hermano de "Portal" y en el que se secuestraron vehículos robados. Según su relato, autos de ese tipo se trasladaban a esta región para venderse en concesionarias.

El colaborador mencionó a Nicolás Clinis como contacto de "Portal". Cuando le preguntaron si vendía autos robados, primero respondió que no. Después dijo que posiblemente más de uno había pasado por el local. Para la Cámara, esa declaración justifica seguir investigando, pero su valor como prueba es limitado. El testigo no atribuyó a Nicolás Clinis ninguna venta concreta. Tampoco precisó qué vehículos se vendieron, quiénes participaron, cuánto se pagó ni cuándo ocurrieron los hechos.

Los jueces marcaron además una contradicción de fondo. El colaborador habló de autos robados, mientras que el procesamiento señalaba al narcotráfico como origen del dinero. Son dos hipótesis que apuntan a lugares distintos, y en sus dichos no aparece ninguna referencia que una esas maniobras con la causa por drogas.

El tribunal citó un fallo propio del 22 de septiembre. Allí había sostenido que, frente a un delito previo y un crecimiento patrimonial importante, corresponde a los acusadores probar el nexo entre ambos. También había señalado que, cuando la defensa invoca actividades comerciales lícitas, los acusadores deben descartar ese origen con rigor técnico.

Lo que queda pendiente

La Cámara reconoció que una parte de la expansión inicial de la cadena no pudo ser reconstruida. Las defensas sostienen que ese tramo se financió con fondos legítimos. Para los jueces, esa duda justifica profundizar la investigación, pero no permite presumir que ese dinero salió del narcotráfico.

Entre los argumentos presentados en las apelaciones, la defensa de Federico Clinis Canal aportó un crédito bancario por $307,5 millones y obras comprobadas por $136,7 millones. También indicó que el negocio tenía unos 7.000 usuarios activos y 27.000 suscripciones. La defensa de Sergio Nicolás Clinis Canal denunció que, durante los procedimientos, se desmantelaron los gimnasios y que personal de Gendarmería habría jugado al pádel en las instalaciones y se habría llevado objetos.

La Cámara rechazó además el planteo de nulidad de varias defensas. Esas defensas sostenían que la causa debía tramitar con el nuevo Código Procesal Penal Federal, vigente en la jurisdicción desde el 1 de diciembre de 2025. Los jueces respondieron que los hechos investigados ocurrieron entre 2024 y 2026 y que la ley de implementación del nuevo código habilita a aplicar el sistema anterior a hechos cometidos antes de esa fecha. Al revocar los procesamientos, el tribunal consideró innecesario tratar el resto de los cuestionamientos, como la habitualidad, la prisión preventiva y los montos de los embargos.

Con los mismos fundamentos, la Cámara rechazó la apelación del Ministerio Público Fiscal y confirmó la falta de mérito de Yamil Gabriel Gane y Raquel Edith Bohacek. La fiscalía sostenía que Gane era gerente y apoderado de las cuentas de Rana SRL desde su creación. Sobre Bohacek, afirmaba que una contribuyente con ventas registradas por más de $3.200 millones no podía desconocer el destino de las transferencias que hizo a sociedades del grupo.

Los embargos seguirán vigentes por ahora. El tribunal explicó que todavía resta completar el examen de la documentación secuestrada y de los dispositivos digitales, cuyo contenido podría aportar precisiones sobre el origen de los fondos. Cuando esas medidas estén terminadas, la jueza federal Zunilda Niremperger deberá revisar cada embargo, persona por persona y bien por bien.

La audiencia en la que se trataron las apelaciones se realizó el 13 de octubre de forma virtual. Participaron los fiscales Patricio Sabadini y Adrián Araujo y los abogados defensores de los siete imputados.