Presupuesto 2027: la inversión educativa nacional subiría 5,6% real, pero seguiría baja
El Plan Nacional de Alfabetización tendría un aumento del 38,3%. En cambio, las universidades recibirían una suba prácticamente igual a la inflación proyectada.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 que el Gobierno nacional envió al Congreso prevé un aumento nominal del 27,2% para la función Educación y Cultura respecto de la previsión de cierre de 2026. El Ejecutivo proyecta una inflación promedio de 20,5% para el año próximo, por lo que la suba equivaldría a una mejora real del 5,6%. Aun así, los fondos seguirían un 44,4% por debajo de los de 2023.
Los datos surgen del informe "Presupuesto educativo nacional 2027", de Argentinos por la Educación. Lo elaboraron Javier Curcio (FCE/UBA, IIEP-UBA CONICET), Tomás Besada y María Sol Alzú, y analiza tanto los recursos de la Secretaría de Educación como el gasto total de la Administración Pública Nacional en la función Educación y Cultura.


En relación con el tamaño de la economía, la inversión pasaría del 0,77% del PIB estimado para este año al 0,79% en 2027. Sería el cuarto año consecutivo por debajo del 1% del PIB. El punto más alto de la última década se registró en 2017, con 1,52%. Desde entonces, el indicador bajó hasta el 0,86% en 2024 y el 0,78% en 2025.
En pesos constantes de 2026, el gasto educativo nacional pasó de 16,7 billones en 2023 a 9,4 billones en 2024 y a 8,7 billones en 2025. Para este año se estima un cierre de 8,8 billones. Para 2027 se proyectan 9,3 billones, una recuperación todavía parcial frente al ajuste acumulado.
El informe también marca la distancia entre lo previsto y lo ocurrido este año. El Presupuesto 2026 calculaba una inflación promedio de 13,8%, pero la previsión de cierre la ubica en 32,3%.
A esto se suma la derogación, desde el ejercicio fiscal 2026, del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional. Desde 2006, ese artículo fijaba que la inversión conjunta de Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires debía ser como mínimo del 6% del PIB, una meta que solo se cumplió en 2015.
El financiamiento educativo está muy descentralizado. Las provincias concentran cerca del 75% del gasto público en educación, porque sostienen los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario. El presupuesto nacional financia sobre todo a las universidades nacionales y a programas de alcance federal.
Quiénes ganan y quiénes quedan igual
Con la suba prevista, Educación y Cultura sería la tercera función del Estado con mayor incremento nominal. Solo la superan Salud, con 39,8%, e Información y Estadística Básicas, con 28%.
La Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, tendría un aumento más moderado: 23% nominal, alrededor de 2,1% real. Aun así, quedaría entre los cinco organismos nacionales con mayores subas.
Las diferencias entre niveles son marcadas. Frente al presupuesto vigente de 2026, los programas de educación obligatoria y superior no universitaria crecerían un 34% nominal, un 11,2% en términos reales. La educación universitaria, en cambio, aumentaría un 20,9%, apenas un 0,3% por encima de la inflación proyectada.
Uno de los mayores incrementos corresponde al Plan Nacional de Alfabetización, que recibiría $773.830 millones, un 38,3% más que este año. La universalización de la jornada extendida seguiría siendo su principal destino, con $586.781 millones. Eso equivale al 75,8% del plan, por debajo del 80,3% actual.
El proyecto también incorpora el Compromiso Federal por la Matemática, aprobado por la Resolución CFE 513/26. La iniciativa incluye extensión de la jornada escolar, materiales pedagógicos, formación docente y evaluación, pero no tiene una partida presupuestaria específica.
Dentro de la Secretaría, las universidades siguen concentrando la mayor parte de los fondos. El programa Desarrollo de la Educación Superior representaría el 80,1% del total, dos puntos menos que en 2026. Le siguen el Plan Nacional de Alfabetización, con el 8,3%, y las becas estudiantiles, con el 5,2%.
La mirada de los especialistas
Curcio consideró que el refuerzo de la alfabetización y las nuevas líneas para Matemática "son señales positivas". Sin embargo, aclaró que deben leerse en el marco de la contracción de los últimos años. "Mejorar los aprendizajes requiere programas específicos, pero también una inversión sostenida y suficiente para fortalecer las capacidades del sistema en todos sus niveles", afirmó. También pidió garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.
Virginia Giordano, economista de IDESA, señaló que el proyecto "marca un cambio de tendencia", aunque con una recuperación moderada frente a la reducción acumulada. Según planteó, el menor peso de Nación en la educación básica también puede leerse como un avance hacia una distribución más clara de responsabilidades. En ese esquema, las provincias se ocupan de la gestión de las escuelas y Nación se concentra en la coordinación, los estándares de calidad y la evaluación de resultados.
Juan Doberti, docente e investigador de la UBA, tiene una lectura más crítica. A su juicio, el proyecto implica la continuidad del desfinanciamiento educativo, con una baja del 35% frente al promedio 2017-2023. Doberti explicó que los programas de los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario pasaron del 0,32% al 0,08% del PIB entre 2023 y 2027. Atribuyó esa caída a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y del Plan Conectar Igualdad. "Aun en el caso de cumplirse los supuestos optimistas del gobierno, el rasgo distintivo del proyecto de Presupuesto nacional 2027 es la consolidación del desfinanciamiento educativo", sostuvo.
Para Jorge Lo Cascio, economista y magíster en Educación, el gasto en educación superior "no prevé cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795)". También advirtió que la extensión de la jornada escolar se combina con una caída del 34% nominal en infraestructura y equipamiento. Según dijo, ese recorte "continúa profundizando las desigualdades educativas" de los alumnos de escuelas públicas.
Marcelo Rabossi, doctor en Educación y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, recordó que la inversión nacional cayó del 1,42% del PIB en 2023 al 0,79% proyectado para 2027. Según Rabossi, el ajuste afectó especialmente a las universidades nacionales. "En 2027, el presupuesto universitario volvería a estancarse, lo que pone en duda la capacidad de las universidades para sostener adecuadamente su funcionamiento", afirmó.
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