El Gobierno apelará el fallo que le dio cinco días para cumplir la ley universitaria

El Gobierno nacional apelará la resolución judicial que le dio un plazo de cinco días para cumplir de manera total con la medida cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación se hará ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, según indicaron funcionarios que siguen el expediente.

La apelación apunta contra la intimación del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había pedido esa intimación. En su resolución, el magistrado sostuvo que "no existe cumplimiento total" de la cautelar. También advirtió que, si el Ejecutivo no cumple dentro del plazo, podrá aplicar astreintes, es decir, multas por cada día de demora.

En el Ejecutivo todavía analizan si pedirán que la apelación tenga efecto suspensivo. Eso abriría una discusión sobre si la intimación sigue vigente mientras interviene la Cámara. "Estamos estudiando el tema", explicaron en despachos oficiales, donde aclararon que la decisión aún no está tomada.

La postura de la Casa Rosada es opuesta a la del juez. En el Gobierno sostienen que ya dieron cumplimiento a la medida cautelar y que así lo informaron y acreditaron ante la Justicia. Ese argumento será uno de los ejes de la presentación.

Una cautelar que ya está firme

La apelación no reabre la discusión sobre la cautelar original, que ya quedó firme. Cormick la dictó en diciembre de 2025 y ordenó aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Esos artículos tratan sobre la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de los programas de becas estudiantiles.

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida en marzo. El Gobierno llevó el caso a la Corte Suprema, que el 25 de junio rechazó el recurso extraordinario porque no estaba dirigido contra una sentencia definitiva.

El litigio de fondo cuestiona la constitucionalidad del decreto 759/2025. Con ese decreto, el Ejecutivo promulgó la ley pero subordinó su ejecución a la definición de las fuentes de financiamiento. Esa causa todavía no tiene sentencia, y lo que se discute ahora es el cumplimiento de la cautelar.

Negociaciones sin acuerdo

En junio, el Gobierno intentó demostrar ante la Justicia que había empezado a cumplir. El 10 de junio, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios firmaron un acta con una recomposición de la masa salarial del 24,33%. El acta también incluía una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y mayores partidas para hospitales universitarios y becas.

Con ese acuerdo, Nación pidió levantar la cautelar porque consideraba que habían cambiado las circunstancias. Cormick rechazó el planteo el 1 de septiembre y sostuvo que el Estado no había acreditado una solución definitiva al deterioro salarial.

El 17 de septiembre la negociación volvió a fracasar. El Ejecutivo ofreció un 3% adicional para los salarios universitarios y anticipó que lo aplicaría aun sin acuerdo. Los gremios rechazaron la propuesta, porque mantienen una diferencia importante con el cálculo oficial sobre cuánto falta recomponer.

La discusión se traslada al Presupuesto 2027

La disputa judicial avanza en paralelo con una negociación política que el Gobierno quiere llevar al debate del Presupuesto 2027. La Casa Rosada está dispuesta a revisar la partida universitaria del proyecto y buscar un punto intermedio con los rectores y los bloques aliados.

El texto enviado al Congreso prevé $7,349 billones para las universidades nacionales, destinados a funcionamiento, inversión y programas especiales. El CIN calcula necesidades cercanas a $11 billones. En Nación descartan aceptar esa cifra de manera automática, pero admiten que el monto original puede modificarse.

La estrategia oficial es que un acuerdo presupuestario sirva también para cambiar el escenario judicial. La idea es presentar ese entendimiento en el expediente como una nueva circunstancia. De todos modos, eso no deja sin efecto las decisiones vigentes, porque cualquier modificación de la cautelar debe ser resuelta por los tribunales.

Mientras tanto, las universidades y los gremios mantienen las medidas de fuerza y ratificaron la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre. El conflicto también se siente en la región: durante el año, los docentes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) se sumaron a los paros por el cumplimiento de la ley.