Contribuciones patronales: la oferta del Gobierno para negociar con las universidades

El Gobierno nacional ofrece mantener reducidas las contribuciones patronales de las universidades como parte de la negociación para modificar la Ley de Financiamiento Universitario. La propuesta va acompañada de una mejora en las partidas del Presupuesto 2027. Con ella, la Casa Rosada busca acercar posiciones con las casas de estudio en pleno conflicto judicial por el cumplimiento de la norma.

Las contribuciones patronales son los aportes que las universidades deben ingresar a la seguridad social, como empleadoras, por cada docente, no docente y autoridad. En el Ejecutivo confirmaron que ese punto está entre las herramientas que pueden negociar a través de ARCA. Sin embargo, todavía no definieron la alícuota que propondrán ni el instrumento normativo para aplicarla. Las conversaciones son informales y no hay un acuerdo cerrado con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Un régimen que nació en 2010

El esquema en discusión surge del decreto 1571/2010. Esa norma fijó una alícuota reducida del 10,17% sobre la nómina salarial para las universidades nacionales que al 31 de diciembre de 2009 tenían deudas previsionales y que entraron en planes de regularización. De ese porcentaje, el 8,67% va al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el 1,5% al PAMI. El beneficio se mantiene mientras la deuda siga sin cancelarse.

En 2023, el decreto 645 cambió la salida de ese régimen. Las universidades que terminan de pagar ya no pasan de golpe a la alícuota general, sino que ingresan en una escala progresiva de convergencia. Para SIPA y PAMI, la alícuota es del 13,65% en 2026 y sube al 14,52% en 2027. Después pasa al 15,39% en 2028, al 16,26% en 2029 y al 17,13% en 2030. Recién desde el 1 de enero de 2031 rigen las alícuotas generales del sector público.

La situación de la UBA

Ese punto pesa en la negociación. La Universidad de Buenos Aires está entre las instituciones cuyo plan de regularización está por terminar, y busca evitar un aumento significativo de sus obligaciones sobre la masa salarial. Desde la casa de estudios aclararon que el salto no es directamente hacia una carga del 24%, sino hacia la escala fijada en 2023.

En la UBA remarcaron que no hay nada resuelto y que las conversaciones siguen siendo informales. También advirtieron que cualquier suba en las contribuciones impacta de lleno en sus cuentas, porque cerca del 90% de sus recursos se destina a salarios. El 10% restante se destina a gastos de funcionamiento.

La discusión no alcanza a todas las universidades nacionales por igual. Algunas ya cancelaron sus planes y transitan la escala de convergencia, mientras que otras todavía conservan la alícuota reducida.

Presupuesto y cambios en la ley

La Casa Rosada quiere incluir este capítulo en el debate del Presupuesto 2027. El proyecto enviado al Congreso prevé $7,349 billones para las universidades nacionales. El Ejecutivo admite que puede ampliar esa partida, pero descarta llegar a los cerca de $11 billones que reclama el CIN. La estrategia oficial es que el alivio en las contribuciones achique parte de esa diferencia sin depender solo de más transferencias.

El otro objetivo es modificar la Ley 27.795. El Gobierno ya había intentado cambiarla durante las sesiones extraordinarias de febrero, sin éxito. Ahora busca reemplazar el esquema vigente por uno acordado con sectores universitarios y bloques aliados.

La presión judicial

El frente judicial suma presión. Este miércoles, el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, dispuso multas de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli. La sanción responde al incumplimiento de la cautelar que obliga al Estado a actualizar los salarios docentes y no docentes y los fondos para becas. El Gobierno anticipó que apelará las multas. La cautelar sigue vigente mientras se tramita por separado la apelación oficial contra el fallo sobre la aplicación de la ley.

En ese escenario, el plan oficial es cerrar en simultáneo los tres frentes: Presupuesto, contribuciones patronales y disputa judicial. A cambio, el Gobierno pretende modificar la ley vigente. La alícuota que ofrecerá, cuántas universidades alcanzará y el mecanismo para aplicarla siguen en discusión.

La negociación coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves en todo el país en reclamo del cumplimiento de la ley.