Molero explicó por qué la Fiscalía archivó la causa contra Bruno Cipolini
En diálogo con N9, Marco Molero, abogado de Diego Landriscina, analizó la resolución que archivó las actuaciones respecto del intendente Bruno Cipolini y sostuvo que confirma la postura que la defensa mantuvo desde el inicio sobre la legalidad de la operatoria.
El archivo de las actuaciones respecto del intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, abrió un nuevo escenario en una causa que durante meses tuvo una fuerte repercusión política y judicial en la provincia. La Fiscalía de Investigación Penal N°4 concluyó que las inversiones realizadas por el Municipio a través de la Bolsa de Comercio del Chaco no encuadran en una figura penal y no provocaron perjuicio patrimonial a las arcas municipales.
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En diálogo con N9, Marco Molero, abogado de Diego Landriscina, sostuvo que la resolución coincide con la postura que la defensa, el intendente Cipolini y su equipo mantuvieron desde el comienzo de la investigación. "Venimos sosteniendo desde el día cero lo mismo: que fue una operatoria legalmente permitida", afirmó. Para el letrado, la decisión fiscal no solamente alcanza a las personas investigadas, sino que también despeja el cuestionamiento penal que había recaído sobre una decisión financiera adoptada desde la administración municipal.
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Molero puso especialmente el foco en la gestión encabezada por Bruno Cipolini y en el destino de los recursos públicos involucrados. Según explicó, la operación tuvo como propósito preservar el valor de los fondos y permitir que el Municipio continuara sosteniendo sus servicios. "La inversión en la Bolsa había sido una posibilidad para mantener incólumes los fondos y poder seguir brindando el servicio que está brindando la gestión del intendente Bruno Cipolini", señaló.
El abogado fue todavía más enfático al analizar el resultado económico de aquella decisión. "El Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña hizo un buen negocio", afirmó, y aseguró que la comuna se encuentra recibiendo el capital invertido junto con los intereses correspondientes. Desde su interpretación, la inversión "está dando y seguirá dando sus frutos" y esos recursos regresarán a su destino municipal. La resolución fiscal, además, valoró que las inversiones habían sido registradas y que el Tribunal de Cuentas aprobó sin observaciones la rendición correspondiente.
En cuanto al futuro procesal, Molero diferenció claramente la situación de Bruno Cipolini y Diego Landriscina. Respecto del intendente, la Fiscalía dispuso el archivo de las actuaciones al considerar que no existió delito. En el caso del secretario de Gobierno en uso de licencia, quien sí había sido citado como imputado durante el proceso, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantías su sobreseimiento. "El caso no va a llegar a etapa de juzgamiento", sostuvo el abogado al explicar las consecuencias que, a su entender, tendrá la resolución.
Molero consideró que lo conocido ahora representa el desenlace de una postura que la defensa sostuvo durante toda la investigación y remarcó que la Fiscalía tomó su decisión después de analizar los elementos incorporados al expediente. Consultado sobre eventuales reclamos posteriores de los involucrados, evitó anticipar decisiones y aclaró que cualquier acción de carácter civil dependerá de ellos. Con una definición fiscal que descartó relevancia penal en las operaciones atribuidas a Cipolini, la atención queda ahora puesta en el pedido de sobreseimiento de Landriscina y en los pasos procesales que correspondan ante el Juzgado de Garantías.
