Archivaron la causa contra Cipolini por inversiones en la BCCH: no hubo delito
El Ministerio Público Fiscal concluyó que las operaciones financieras realizadas por el Municipio de Sáenz Peña no provocaron perjuicio patrimonial y dispuso el archivo de la causa respecto del intendente Bruno Cipolini.
La Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 de Presidencia Roque Sáenz Peña dispuso el archivo de la causa respecto del intendente Bruno Cipolini en la investigación iniciada por operaciones financieras realizadas entre el Municipio y la Bolsa de Comercio del Chaco. Luego de analizar las pruebas incorporadas al expediente, el Ministerio Público Fiscal concluyó que los hechos denunciados no encuadran en ninguna figura penal y sostuvo expresamente que las inversiones no ocasionaron perjuicio patrimonial a los recursos públicos municipales.
La investigación había comenzado a partir de una denuncia presentada por Santiago Pérez Pons, Leonardo Arrudi, Fernando Tevez y Daiana Pereyra, quienes habían planteado presuntas irregularidades y un posible perjuicio económico por el manejo de fondos municipales. Sin embargo, la resolución fiscal estableció que las operaciones de contenido económico realizadas por el Ejecutivo constituyeron actos propios de la gestión del intendente. Además, determinó que Cipolini no contaba con una disposición legal que lo obligara a solicitar previamente autorización al Concejo Municipal para concretar esas inversiones.
Entre los elementos valorados aparece también la intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia. El organismo había informado que las inversiones correspondientes a 2024 fueron registradas en los libros municipales y, posteriormente, mediante el Dictamen Nº 72/2026, aprobó sin observaciones la rendición de cuentas del Municipio correspondiente al ejercicio 2025. La Fiscalía también tuvo en consideración el convenio transaccional firmado entre la Municipalidad y la Bolsa de Comercio del Chaco, que posteriormente fue remitido por Cipolini al Concejo Municipal y ratificado mediante la Ordenanza Nº 9428/26.
Con esos antecedentes, el Ministerio Público concluyó que las conductas investigadas no constituyeron delitos ni resultaron contrarias a la Constitución Nacional o Provincial, por lo que dispuso formalmente el archivo de las actuaciones respecto de Bruno Cipolini. En el mismo decreto se estableció que, mediante el procedimiento correspondiente, se deberá instar el sobreseimiento de Diego Landriscina ante el Juzgado de Garantías y, una vez cumplida esa instancia, proceder también al archivo de las actuaciones vinculadas al funcionario.
