El Gobierno amplió la causa penal por Malvinas y sumó a 27 directivos de las petroleras que operan en la zona

El Gobierno de Javier Milei amplió la causa penal por las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas e identificó a 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados con las compañías que participan de los proyectos petroleros en la zona. La ampliación tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, dentro de la causa CFP 4437/2026, y extiende una investigación que hasta ahora se había concentrado en Navitas Petroleum y Eco Atlantic, las firmas detrás del proyecto Sea Lion.

Las presentaciones fueron impulsadas por el canciller Pablo Quirno, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 26.659, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Sebastián Amerio. La medida se suma a la ofensiva administrativa que el Gobierno viene desplegando desde principios de septiembre, cuando sancionó a 45 personas y empresas vinculadas con la explotación petrolera en las islas y luego amplió esa lista a 60. De los 27 nombres que ahora aparecen en la causa penal, 16 no figuraban en aquellos listados administrativos.

La ampliación incorpora formalmente a dos nuevas sociedades de Rockhopper Exploration —Hydrocarbons y Oil—, a Borders & Southern —Falkland Islands Limited y Petroleum PLC— y a Desire Petroleum Limited, mientras profundiza la pesquisa sobre Navitas Petroleum Limited Partnership, su subsidiaria Development & Production, y Eco (Atlantic) Oil & Gas.

En Navitas, el escrito individualiza a Gideon Tadmor (chairman), Koby Katz (vicepresidente), Amit Kornhauser (CEO) y Tamar Rosenberg (CFO), además de otros cuatro directivos con responsabilidades legales, comerciales y de operaciones. De la subsidiaria que ejecuta el desarrollo de Sea Lion se suman Ian Ramsey (CEO) y Gareth Bamford (COO), junto a otros tres ejecutivos vinculados con subsuelo, finanzas y el activo del yacimiento.

De Eco Atlantic quedaron señalados siete integrantes de su directorio, entre ellos Gil Holzman, presidente y CEO, y Gadi Levin, CFO. De Borders & Southern, vinculada con la licencia PL018 y el hallazgo Darwin East-1, la causa individualiza a siete personas, entre ellas David Harry Williamson Dobson, quien ya había sido mencionado en las sanciones administrativas previas.

Las dos sociedades de Rockhopper quedaron asociadas a las licencias del área de Sea Lion y a otros bloques de exploración en la cuenca, y el escrito incorpora además datos societarios británicos sobre garantías financieras vinculadas con esas firmas. En el caso de Desire Petroleum —inhabilitada por veinte años tras haber sido declarada clandestina por la Secretaría de Energía en 2012 y 2013— la presentación no incluye todavía una nómina de directivos, sino que pide a la Justicia que determine quiénes participaron en las decisiones de la compañía, que según los registros mantenía participación en varias licencias del área hasta marzo de este año.

Las denuncias se sustentan en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 26.659, que prevén penas de entre cinco y quince años de prisión según la actividad —exploración o extracción— y habilitan investigar tanto a directores y gerentes como a las propias empresas. El Gobierno dejó abierta además la posibilidad de sumar eventuales infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y al Código Aduanero, y menciona como hipótesis los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

Los propios escritos judiciales aclaran que la mención de un directivo no equivale a una imputación automática ni implica responsabilidad penal por el solo hecho de ocupar un cargo societario: será la Justicia la que deba establecer si cada uno tuvo una intervención concreta en la planificación, autorización, financiación o ejecución de las actividades investigadas.