El Gobierno oficializó en el Boletín Oficial las sanciones a las petroleras que operen sin permiso en Malvinas

El Gobierno nacional oficializó este viernes en el Boletín Oficial dos decretos que profundizan el paquete de medidas anunciado por Javier Milei un día antes en la cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas. Uno de ellos endurece el régimen de sanciones para las empresas que exploten hidrocarburos sin autorización argentina en las islas; el otro refuerza el presupuesto destinado a Defensa.

El Decreto 868/2026 designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, la norma que regula las condiciones para explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina. A partir de ahora, todos los organismos del Estado nacional deberán informar a Cancillería, dentro de un plazo de cinco días hábiles, cualquier hecho que pueda encuadrarse en las conductas prohibidas por esa ley. Una vez abierto el sumario, la empresa investigada tendrá diez días hábiles para presentar su descargo, antes de que la cartera resuelva si archiva las actuaciones o aplica la sanción.

La misma norma sumó nuevos controles para quienes soliciten ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): las empresas deberán presentar una declaración jurada en la que garanticen que ni ellas ni sus socios realizan ni realizarán actividades hidrocarburíferas no autorizadas en los espacios marítimos vinculados con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Por otro lado, el DNU 867/2026 modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional 2026 para reforzar partidas de gastos salariales, inteligencia, Defensa y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). El Gobierno no precisó el monto adicional destinado a cada área, aunque sostuvo que la adecuación era necesaria para garantizar el funcionamiento de esos organismos y evitar que peligrara la prestación de servicios esenciales.

Ambos decretos formalizan parte de lo que Milei había anticipado el jueves por la noche, cuando afirmó que "las Malvinas son argentinas por historia y por derecho" y adelantó el envío urgente al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Esa iniciativa buscará, entre otros puntos, extender las sanciones a los proveedores de las empresas involucradas, impedir que los infractores contraten con el Estado o con privados en la Argentina, habilitar el juicio en ausencia cuando corresponda y crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

En la Casa Rosada prevén girar ese proyecto de ley al Congreso durante la semana próxima, sin dividirlo en iniciativas separadas, y esperan capitalizar el consenso político que suele generar el reclamo por Malvinas para acelerar su tratamiento legislativo.